LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 27 de marzo.

Fernando Clavijo, el presidente del Gobierno de Canarias, se encuentra a la expectativa de una comunicación por parte del Gobierno de España, ya sea con él mismo o con la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, para que se implemente la orden cautelar emitida por el Tribunal Supremo. Esta orden requiere que el Estado asuma la responsabilidad de 1.000 menores inmigrantes no acompañados que han solicitado asilo en un plazo de diez días.

En una reciente declaración antes de un evento organizado por KPMG, Clavijo enfatizó que esta decisión tendrá un impacto financiero significativo para la comunidad autónoma, ya que implica que Canarias dejará de asumir esos costos. Pese a ello, subrayó su compromiso de colaborar con el Estado en la gestión de esta situación, enfatizando que se abordará de forma individualizada por el interés superior de los menores.

Aunque el presidente ha destacado que aún no ha recibido notificación alguna por parte del Gobierno central hasta el momento, confía en que se establezcan comunicaciones durante el día. Para Clavijo, es lógico que el Estado se ponga en contacto con la consejería para iniciar los procedimientos necesarios para garantizar la protección de los menores, quienes ya han sufrido vulneraciones en sus derechos a lo largo de más de un año.

Respecto al lugar donde se alojará a estos 1.000 menores, Clavijo aclaró que ello dependerá de la disponibilidad de plazas que tenga el Estado en ese momento.

Asimismo, el presidente destacó que la medida cautelar emitida por el Tribunal Supremo no se centra en cómo se distribuirán los menores, sino que deja claro que todos aquellos que solicitan asilo o protección internacional tienen derecho a recibirlo, siendo este un deber del Estado. Según Clavijo, el fallo del Supremo valida la postura del Gobierno canario, que desde hace más de un año ha insistido en que la responsabilidad por estos menores no acompañados, especialmente aquellos provenientes de Mali, recae en el Gobierno central, no en la comunidad autónoma.

El presidente subrayó que el Tribunal Supremo ha sido claro en su resolución, señalando que el Estado ha descuidado sus obligaciones y estableciendo un plazo de diez días para que estos menores sean incorporados al sistema nacional de refugiados, considerando su situación de vulnerabilidad derivada de conflictos bélicos o perseguidos por motivos de identidad. Por último, Clavijo puntualizó que estos 1.000 menores no serán incluidos en el Real Decreto que modifica el artículo 35 de la Ley de Extranjería, ya que su atención y distribución son competencias exclusivas del Estado, que deberá asumir su responsabilidad en este asunto.