En medio de una crisis migratoria sin precedentes, el archipiélago canario ha visto llegar a 586 menores en lo que va de mes. Ante esta situación, el Consejo de Gobierno de Canarias ha decidido enviar un requerimiento al Gobierno central, señalando una acumulación de incumplimientos en la gestión de los menores migrantes no acompañados.

La falta de consideración de todos los aspectos legales por parte del Estado ha llevado a esta medida drástica por parte de las autoridades canarias, quienes aseguran que el Estado debe asumir sus competencias en relación con los menores extranjeros no acompañados. Esto se basa en un informe jurídico elaborado en 2022, que ya advertía de la necesidad de clarificar la responsabilidad sobre estos menores.

Mientras tanto, todos los menores que llegan a las islas están siendo atendidos, aunque la capacidad de los centros de acogida está ampliamente sobrepasada. El protocolo de menores de Canarias ha sido suspendido temporalmente por el TSJC, pero el Gobierno canario insiste en la necesidad de garantizar los derechos de los menores en todo momento.

En medio de esta crisis migratoria, Canarias continúa enfrentando la presión de la situación sin recibir el apoyo necesario por parte del Gobierno central. Mientras tanto, la Unión Europea ha anunciado una línea especial de 14 millones de euros para la atención de estos menores, pero el Estado no ha aportado ningún fondo para este fin.

A pesar de ciertas discrepancias y juego político en torno a este tema, es fundamental abordar el fondo de la cuestión y buscar soluciones reales para la crisis migratoria en Canarias. La situación es compleja y requiere una respuesta coordinada y efectiva por parte de todas las administraciones involucradas.