Un tribunal suspende la demolición de instalaciones de CEISA en Santa Águeda
El Tribunal de Instancia Nº 2 de Las Palmas ha dictaminado la suspensión de cualquier actuación para retirar o demoler las instalaciones de CEISA en el Puerto de Santa Águeda, en Gran Canaria. La medida se mantiene hasta que exista una sentencia definitiva en el proceso judicial en curso, frenando así las acciones administrativas y materiales previstas.
Este fallo judicial llega en un contexto donde la empresa Cementos Especiales de las Islas (CEISA) había solicitado la suspensión cautelar de las actuaciones de Puertos Canarios, tras una resolución previa que anulaba y retrotraía las actuaciones. La decisión judicial señala que no hay sentencia firme y que la demolición podría conllevar daños irreversibles, afectando la controversia aún pendiente.
La resolución judicial destaca que la demolición prematura puede generar daños de difícil reparación y que una sentencia favorable a CEISA perdería validez si las instalaciones ya hubieran sido destruidas. La decisión también se apoya en precedentes del Tribunal Supremo, que advierten sobre la destrucción injustificada de riqueza en estos casos.
Desde CEISA, el coordinador general, Claudio Piernavieja, ha expresado su satisfacción por la decisión, subrayando que respalda la continuidad operativa y protege a los trabajadores. La suspensión, según la empresa, evita daños materiales irreparables y garantiza la estabilidad de una industria estratégica para Canarias.
Este fallo judicial refleja una tensión más amplia entre intereses económicos y administraciones públicas en Canarias, en un contexto donde las decisiones políticas sobre uso de espacios portuarios y protección del patrimonio industrial están en debate. La resolución puede marcar un precedente en la gestión de conflictos similares en la región.
Mirando hacia el futuro, la situación en Santa Águeda sigue siendo incierta. La empresa confía en que el proceso judicial concluya a su favor, permitiendo la continuidad de sus operaciones. La comunidad y las autoridades esperan una resolución definitiva que equilibre intereses económicos y medioambientales en la isla.