La transparencia en entidades privadas canarias sube a 7,45 pero más de un tercio incumplen
La evaluación del Índice de Transparencia de entidades privadas en Canarias ha alcanzado una media de 7,45 puntos en 2024, un incremento notable respecto al 6,15 de la pasada edición. Sin embargo, 402 organizaciones, un 33,9%, no cumplen con los requisitos establecidos. Este aumento en la puntuación refleja avances en la gestión de la transparencia, pero también evidencia persistentes dificultades en el cumplimiento normativo.
El contexto político en las Islas muestra un esfuerzo por ampliar la supervisión a diversos actores, incluidos partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales. La evaluación, que incluyó a 1.186 entidades, revela que los niveles de cumplimiento varían significativamente según el sector. Los partidos políticos y sindicatos muestran mayores índices de cumplimiento, en torno al 85%, mientras que algunas organizaciones del sector primario y ONG presentan mayores retos.
Este escenario tiene implicaciones directas en la rendición de cuentas y en la confianza ciudadana. La presencia de incumplidores, incluyendo organizaciones relevantes, genera dudas sobre la transparencia de la gestión pública y privada. La puesta en marcha de un nuevo portal web y el programa de acompañamiento buscan mejorar estos indicadores, promoviendo una gestión más abierta y responsable.
Desde una perspectiva política, estos datos reflejan la necesidad de reforzar los mecanismos de control y supervisión. La participación activa de las entidades en alegaciones y su compromiso con la mejora indican voluntad de adaptación, aunque todavía hay margen para reducir el porcentaje de incumplidores. La evaluación también muestra que las cifras más altas en puntuación, con muchas entidades alcanzando el sobresaliente, evidencian un potencial de mejora en el sector privado.
En un contexto más amplio, la comunidad autónoma se encuentra en un momento en que la transparencia es clave para fortalecer la confianza institucional. La continuidad de estas evaluaciones y el impulso de medidas correctoras serán fundamentales para alcanzar niveles más elevados de cumplimiento en los próximos años, en línea con las demandas sociales y las obligaciones normativas.
El futuro de la transparencia en Canarias dependerá de la voluntad política de mantener y ampliar estos esfuerzos. La consolidación de sistemas de control y la participación activa de la ciudadanía serán esenciales para garantizar la mejora continua y una gestión pública más responsable en las Islas.