Guardia Civil exige investigar la muerte de un agente en Tenerife durante operación en 'Mv Hondius'

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha solicitado una investigación inmediata y transparente sobre la muerte de un agente en Tenerife, ocurrida el pasado domingo durante el operativo de evacuación del buque 'Mv Hondius'. El agente, de 63 años, falleció por un infarto tras una jornada de más de catorce horas en tareas que, según el sindicato, no estaban autorizadas por su categoría y especialidad.

El operativo en cuestión fue gestionado en un contexto de brote de hantavirus en el buque, lo que generó controversia sobre la planificación y la gestión de los recursos humanos por parte de la Guardia Civil. La presencia de un agente en reserva y fuera de especialidad en tareas de contacto con materiales potencialmente contaminados ha abierto un debate sobre las condiciones laborales y la adecuación de las asignaciones en situaciones de emergencia.

Desde AUGC, se señala que la exposición de agentes mayores, en particular de 63 años, a jornadas extenuantes y riesgos potenciales, pone en evidencia deficiencias en la política de prevención y en la gestión del personal. La organización sindical reclama una revisión de los procedimientos y la adopción de medidas que tengan en cuenta la edad y la condición física de los agentes para evitar tragedias similares en el futuro.

En un contexto político más amplio, estas circunstancias reflejan las tensiones existentes en la gestión de los recursos humanos en el Estado, donde las decisiones de mando a menudo priorizan la rapidez o la cobertura de tareas sin evaluar adecuadamente los riesgos. La situación también pone sobre la mesa la necesidad de una mayor transparencia y control en los procedimientos de despliegue en operaciones de emergencia.

Mirando hacia el futuro, la muerte de este agente podría impulsar cambios en la normativa y en la planificación de operativos de emergencia, con especial atención al factor edad y la protección laboral. La presión de los sindicatos y la atención pública podrían acelerar las reformas necesarias para garantizar la seguridad y la salud de los agentes, en un marco de mayor responsabilidad institucional y respeto por los derechos laborales.