El desafío de mantener la vivienda pública en el mercado español

España enfrenta un problema estructural en su política de vivienda pública, que en los últimos años ha sido desclasificada y vendida al mercado privado. La tendencia ha generado una disminución de viviendas asequibles y ha contribuido a la escalada de precios en zonas urbanas. La movilización de dos millones de viviendas a precios sociales en la próxima década es un objetivo pendiente que requiere cambios en las políticas públicas y regulación. La influencia del turismo y la especulación han agravado la situación en ciudades como Las Palmas de Gran Canaria, donde los alquileres superan en muchos casos los 1.200 euros mensuales, dificultando el acceso a la vivienda para la clase obrera. La problemática no solo impacta en la exclusión social, sino que también amenaza la competitividad del mercado laboral, al dificultar la atracción y retención de trabajadores. La respuesta institucional debe centrarse en limitar la conversión de viviendas en alojamientos turísticos y en promover la vivienda protegida, asegurando un equilibrio que beneficie tanto a la ciudadanía como a la economía. La situación en Canarias refleja un escenario más amplio de tensiones entre mercado y políticas sociales, que requiere un enfoque integral y sostenido para revertir tendencias y garantizar el derecho a la vivienda.