El pasado 4 de febrero, en Las Palmas de Gran Canaria, la Policía Judicial ha llevado a cabo una importante detención en el marco de la operación PAYCASH. Un agente de la Policía Local de Mogán es el presunto responsable de delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación administrativa, según las autoridades. Se le acusa de anular multas que previamente cobró en efectivo, lo que plantea serias dudas sobre la integridad de sus acciones.

Los hechos que llevaron a esta detención se remontan a junio de 2025, cuando la Guardia Civil comenzó a investigar irregularidades en los expedientes sancionadores del Ayuntamiento de Mogán. Las indagaciones revelaron que el agente anulaba multas de forma indebida, sin justificación legal, interrumpiendo el procedimiento administrativo correspondiente.

Se ha descubierto que el policía iniciaba sanciones en materia de tráfico y seguridad vial debido a infracciones observadas durante su jornada laboral. Sin embargo, en lugar de ingresar las multas en las arcas públicas, exigía a los infractores el pago en efectivo, creando un círculo vicioso de corrupción y abuso de poder que requería atención inmediata por parte de las autoridades competentes.

La Jefatura de Policía Local y el Ayuntamiento de Mogán decidieron investigar a fondo los casos en los que este agente había intervenido y se dieron cuenta de que muchos de los infractores eran turistas que alquilaban vehículos. Esta tendencia era alarmante y encendió las luces de advertencia sobre las prácticas irregulares en las que se había involucrado el agente.

Según las autoridades, el agente había estado llevando a cabo esta práctica delictiva durante varios años, acumulando más de 1.000 procedimientos sancionadores y causando un perjuicio económico que se estima en alrededor de 135.000 euros. La magnitud de su actuar corrupto es motivo de reflexión sobre la transparencia y la ética en las instituciones de seguridad pública.

Durante el desarrollo de la investigación, se rastreó la ubicación de los turistas que habían sido sancionados por el agente en los últimos cinco años. Muchos de ellos confirmaron la exigencia de pagos en efectivo, lo que respalda las acusaciones en su contra.

Para consolidar la evidencia contra el agente, los investigadores realizaron una vigilancia exhaustiva de su actividad, las cuales revelaron que se posicionaba estratégicamente en diferentes áreas de Puerto Rico, lo que sugiere que tenía un plan cuidadosamente elaborado para llevar a cabo sus acciones ilícitas.

El agente detenido ha sido presentado ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana, donde se está llevando a cabo el proceso judicial. Aunque se ha decidido su libertad provisional, el caso ha puesto en tela de juicio la integridad de la Policía Local y la necesidad de implementar medidas más estrictas de supervisión y rendición de cuentas.