En las últimas horas, un fuerte movimiento ha surgido en toda España contra lo que se ha denominado la Ley del Medicamento Veterinario, formalmente conocida como Real Decreto 666/2023. Esta legislación, que regula la distribución y uso de medicamentos veterinarios, ha impulsado al Comité de Crisis Veterinario a organizar alrededor de 40 protestas en diversas localidades del país durante este fin de semana.

Las manifestaciones en las Islas Canarias están programadas para continuar el domingo con concentración en lugares como La Palma, Lanzarote y Tenerife, comenzando todas a las 12:00 horas. En Santa Cruz de Tenerife, la marcha se iniciará en la Plaza Weyler, atravesará la Calle Castillo y finalizará en la Plaza de Candelaria. De igual manera, en Santa Cruz de La Palma la cita será en La Alameda, y en Lanzarote, se realizará frente al Palacio Spínola de Teguise.

A nivel nacional, la mayoría de estas manifestaciones están fijadas para la mañana del domingo, con los veterinarios alentando a los dueños de mascotas a unirse al reclamo. Exigen modificaciones en la normativa que les permita un ejercicio profesional más justo y alineado con criterios científicos y éticos, argumentando que la ley actual limita sus capacidades para proporcionar tratamientos adecuados a los animales que atienden.

Entre sus críticas más contundentes, los veterinarios argumentan que el decreto les impide ofrecer medicamentos en sus propias clínicas, presentando un marco burocrático considerado excesivo. Dicho marco exige especificaciones que consideran irrelevantes, como la cantidad exacta de gotas de un medicamento o el porcentaje de una crema utilizada, bajo el riesgo de enfrentar sanciones que pueden ascender a cifras alarmantes, como 1,2 millones de euros.

La Real Sociedad Canina de España (RSCE) ha manifestado su apoyo a las protestas, especialmente en Madrid, instando a propietarios de animales, organismos y ciudadanos en general a unirse en defensa de la labor veterinaria. Este respaldo es un reflejo de la creciente inquietud sobre cómo las nuevas regulaciones están impactando negativamente la atención veterinaria.

El descontento del sector no es nuevo; desde el comienzo de la implementación del Real Decreto, los veterinarios han realizado múltiples movilizaciones, incluyendo una frente al Congreso de los Diputados. Allí se encontraron con representantes de distintos partidos, aunque la falta de diálogo con el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha sido un punto de frustración constante, llegando incluso a solicitar su dimisión durante la concentración.

Recientemente, en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso, el PSOE y ERC llegaron a un consenso para proponer un diálogo entre el gobierno y los veterinarios sobre el acceso a antibióticos en farmacias y centros autorizados. Sin embargo, las soluciones planteadas aún son insuficientes según los profesionales del área.

Además, ERC ha presentado enmiendas posteriores respecto a un proyecto de ley que busca modificar la Ley General de Salud Pública. Una de sus diputadas ha sugerido un plazo de seis meses para que el Ejecutivo lleve a cabo las peticiones realizadas en la Comisión de Agricultura, lo que demuestra la urgencia de la situación.

Por otro lado, otros grupos como la Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Junts también han planteado quejas a través de enmiendas, con Junts incluso pidiendo la derogación total de la Ley del Medicamento Veterinario, una postura ecoada por Vox y PP en repetidas ocasiones. Este escenario subraya un creciente consenso sobre la necesidad de revisar la normativa actual para asegurar un cuidado adecuado para los animales en España.