En Las Palmas de Gran Canaria, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha determinado que el Estado deberá pagar una indemnización de 5.343.590,57 euros a la comunidad de propietarios del edificio San Telmo. Esto se debe a la expropiación de su derecho a ejecutar una sentencia que ordenaba demoler la Biblioteca Pública del Estado en la Avenida Marítima, la cual les tapaba las vistas al mar y no cumplía con el ordenamiento legal.

El auto emitido por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC el 18 de julio resuelve un incidente iniciado en noviembre de 2019. Se buscaba determinar la indemnización que surgiría debido a la expropiación de los derechos de ejecución de las resoluciones judiciales relacionadas con la demolición del inmueble.

La acción no tiene que ver con una compensación por responsabilidad patrimonial, sino con la expropiación de un derecho específico. En este caso, se deja claro que las reclamaciones contra el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no están vinculadas a la cuestión, ya que la administración responsable de la indemnización es el Estado.

El litigio se originó por la ilegalidad de la licencia otorgada para la construcción de la biblioteca, que violaba el Plan General de Ordenación Urbana de Las Palmas de Gran Canaria. Esto provocó problemas en la zonificación y causó la pérdida de espacios verdes, perjudicando a los propietarios del edificio San Telmo, que se vieron afectados al quedar sin vistas al mar.

Tras un largo pleito judicial, el TSJC decidió que el Estado expropiara los derechos de ejecución de la sentencia, lo que llevó a la comunidad de propietarios a reclamar una indemnización significativa. Tras considerar distintas periciales, se determinó que la construcción de la biblioteca provocó fuertes impactos negativos en el valor de mercado del edificio y sus unidades.

La resolución del TSJC destaca que la pericial presentada por la comunidad de propietarios fue más precisa y detallada que la del Estado, que ni siquiera realizó inspecciones físicas en el lugar. Esto respalda la decisión de otorgar la indemnización solicitada por los propietarios del edificio San Telmo.

Se deja claro que la Sala está abierta a recurso de reposición y, en caso de ser necesario, a recurso de casación ante el Tribunal Supremo. La comunidad de propietarios ha logrado hacer valer sus derechos ante la ilegalidad cometida y se espera que la indemnización cubra adecuadamente los perjuicios sufridos.