La firma de iniciativa mixta Energía Geotérmica de Canarias (EGC) ha hecho un llamado urgente al Gobierno central para que establezca un precio fijo de tarifa y extienda el tiempo de ejecución del proyecto, cuyo plazo actual culmina en enero.

Con el objetivo de avanzar en la explotación de la energía geotérmica, EGC, formada por el Cabildo de Tenerife y la empresa DISA, planea comenzar a realizar sondeos en el sur de la isla durante el próximo otoño. Esta información fue compartida en un evento de lanzamiento de la nueva sociedad, donde un grupo de figuras clave, como la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, y representantes de DISA y otras organizaciones, se dieron cita para marcar el inicio de esta ambiciosa iniciativa.

Esta empresa es la primera de su tipo en España y cuenta con una distribución de participación donde el Instituto Tecnológico de Energías Renovables (ITER) tiene un 48%, Involcan posee un 1%, y el resto se reparte equitativamente entre DISA y el Cabildo. Además, se prevé gestionar una inversión total de 86 millones de euros, de los cuales 43,1 millones provienen de subvenciones del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), que depende del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Los trabajos se llevarán a cabo en una área que incluye los municipios de San Miguel, Arona, Granadilla y Vilaflor, donde se espera realizar el primer sondeo, asegurando que estos no afecten a espacios naturales protegidos.

Cada sondeo tiene un coste estimado de diez millones de euros y requerirá aproximadamente dos meses, alcanzando hasta 3.000 metros de profundidad para buscar agua y calor a temperaturas superiores a 150ºC.

La presidenta del Cabildo ha señalado que este proyecto representa un "camino incierto pero emocionante" en la búsqueda de fuentes de energía "limpias y estables", en referencia al potencial volcánico de la región. También destacó la importancia de la colaboración establecida con DISA como parte de esta iniciativa.

Santiago Rull, el director de Energía de DISA, compartió que tras dos años de investigaciones preliminares en más de 17.000 hectáreas, las perspectivas son alentadoras, especialmente en la zona noroeste, aunque el proceso de permisos en esa área está más rezagado.

“Es fundamental que se encuentren recursos, porque un fracaso en ese sentido sería un revés, pero creemos que es el momento propicio para intentarlo”, enfatizó Rull, instando al Gobierno central a contactar a la Comisión Europea para establecer de manera efectiva la tarifa de generación eléctrica.

Por su parte, Juan José Martínez subrayó que la implementación de la energía geotérmica podría generar empleo cualificado en Tenerife y abrir nuevas oportunidades de investigación y desarrollo. Expresó su confianza en que DISA es un socio ideal para acompañar este proceso, que promete ser crucial para la transición energética de la isla y la reducción de la dependencia de combustibles fósiles.

Respecto a la futura construcción de una planta que aproveche esta energía, que requerirá una inversión de entre 180 y 200 millones de euros, Martínez anticipó que se seguiría un modelo similar al de los proyectos de energía fotovoltaica, permitiendo la participación de inversores locales, aunque subrayó la necesidad de enfocarse primero en los resultados de los sondeos.

Magnús Dagur Ásbjörnsson, CEO de Reykjavik Geothermal, compartió la experiencia de su país, que ha transformado su economía mediante el uso de energía geotérmica, destacando que este tipo de energía puede ser decisiva para reducir la dependencia de los combustibles fósiles. “Optar por esta energía fue un riesgo, pero ha valido la pena y ahora representa un gran porcentaje de nuestra producción energética”, afirmó.

Ásbjörnsson señaló que, de encontrar recursos en Tenerife, se podría generar energía "limpia y a menor costo", y expresó la esperanza de que las autoridades reconozcan las ventajas de esta opción energética y establezcan tarifas adecuadas para facilitar su desarrollo.

Nemesio Pérez, del ITER, valoró la determinación del Cabildo para impulsar este proyecto tras años de falta de "voluntad política", señalando que los principales desafíos ahora son la extensión del plazo de los sondeos, que vence en enero, y la fijación de la tarifa. “Es fundamental abordar estas dos cuestiones”, expresó.

Juan José Martínez también invitó a los cabildos de Gran Canaria y La Palma a hacer presión para asegurar las prórrogas, considerando que sus proyectos están más retrasados y corren el riesgo de no realizarse sin una mejora en los plazos.

Joaquín Gurriarán, representante de DISA, expresó su satisfacción por alcanzar este punto del proceso, calificándolo como un "sueño" por las expectativas alentadoras. Manifestó la necesidad de contar con más tiempo para realizar los sondeos de manera adecuada, asegurando que ya se cuenta con la maquinaria necesaria para ello.