• jueves 29 de septiembre del 2022

Tenerife suma prácticamente mil personas mucho más en exclusión residencial extrema gracias a la crisis de la covid-19

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SANTA CRUZ DE TENERIFE, 4 Jul.

Un total de 2.738 personas están en situación de exclusión residencial extrema en la isla de Tenerife, lo que piensa prácticamente mil personas mucho más que en 2020 (1.783 personas), siendo en un 42,8% de las situaciones (1.173 personas) consecuencia directa de la crisis social y económica y sanitaria producida por la covid-19.

Así se desprende del estudio 'Exclusión residencial extrema en Tenerife en tiempos de covid', cuyos desenlaces fueron presentados el día de hoy lunes en rueda de prensa por el presidente del Cabildo, Pedro Martín; la consejera insular de Acción Social, Marián Franquet; el secretario general de Cáritas, Ricardo Iglesias, y la organizadora de Acción Social de Cáritas, Úrsula Peñate.

El informe, efectuado por Cáritas Diocesana de Tenerife con el acompañamiento económico del Cabildo, quiere actualizar los datos presentados el año pasado sobre la gente en exclusión residencial extrema y las secuelas que la crisis causada por la covid-19 tuvo en la exclusión residencial extrema en la isla.

Pedro Martín apuntó que el Cabildo está "claramente preocupado" por la situación de la gente sin hogar, por eso la Corporación insular vaya a asignar un millón de euros mucho más para emprender esta situación, y avanzó la creación de 4 centros mucho más en la Isla, 2 en el norte y 2 en el sur, para la atención de estas personas.

Entre los primordiales datos del estudio resalta dado que de las 2.738 personas en situación de exclusión residencial extrema, un total de 1.107 son personas sin techo que pernoctan en espacios públicos a la intemperie; 238 utilizan cobijes o centros de hosting nocturno; 420 viven en un hospedaje usual, pero que no es el frecuente gracias a la pérdida de su vivienda; 433 viven en construcciones temporales y no comúnes (chabolas, grutas, etcétera) y autoconstrucciones casuales que incumplen criterios de habitabilidad, y 241 viven en hospedajes indignos, tipo inmuebles ocupados.

Asimismo, la gente que comenzaron su situación de exclusión residencial extrema a consecuencia de la crisis de la covid-19, o sea, en el periodo de tiempo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de diciembre de 2021, representan el 42,8% del total. Por el opuesto, se identifica un 56,2% (1.565 personas) que estaba en esta situación de antemano a la crisis señalada, aun por periodos superiores a la franja temporal de entre 5 y diez años (en el 14,5% de las situaciones) y, en las situaciones mucho más graves, por periodos superiores a los diez años (un 5,9% del total).

El sinhogarismo tiene mayor presencia en la región metropolitana, si bien es una situación que perjudica a toda la Isla y que se ha aumentado en la mayor parte de ayuntamientos. En cuanto a los ayuntamientos con mucho más incidencia, Santa Cruz de Tenerife reitera la primera situación con 953 casos, representando el 34,8% del total insular; seguido por Arona, con 441 personas identificadas; La Laguna, con 422; Adeje, con 166, y Puerto de la Cruz, con 134.

Los datos del estudio, desagregados por sexo, patentizan la mayor presencia de hombres que viven en situación de exclusión residencial extrema (2.024, el 73,9% del total). Sin embargo, se registró un aumento de mujeres en situación de sin hogar, incrementando de un 21,4% en el año 2020 a un 25,6% en la última anualidad, de forma que representan ahora una de cada 4 personas en situación de sinhogarismo.

La edad media de la gente identificadas en el presente estudio es de 45,3 años, en la situacion de los hombres, y de 35,1 años en mujeres. La franja de edad mayoritaria está entre los 45-55 años (629 personas, 23% del total).

Además, el estudio ha reconocido a 150 menores en situación de exclusión residencial extrema. Todos ellos conviven con sus tutores legales, perteneciendo a una unidad familiar completa en situación de sin hogar. Estos modelos familiares son en general monomarentales, en ciertos casos con antecedentes de crueldad de género, y en otros con trayectorias en el sistema de protección de menores, con rentas mínimas o sin capital.

Asimismo, del estudio se prueba la inclinación a que personas mucho más jóvenes entren a ser parte de estos conjuntos de exclusión, en situación de calle y sin hogar. Con una ratio representativa del 7,8% entre las edades de 18 a 25 años, donde se identifican de nuevo antecedentes vinculados habitualmente a procesos de institucionalización en el sistema de protección, sin opción alternativa familiar y de acompañamiento al cumplir la mayor parte de edad, siendo obligados a dejar el sistema de protección, habitualmente sin opción alternativa habitacional, al cumplir los 18 años.

A su vez hay que indicar la inclinación en alza de casos de personas de 65 a 90 años, donde en el año 2020 representaba el 4,6% del total, con 81 casos localizados, en frente de 2021, que representa el 5,6% del total, con 154 casos.

Respecto a los países de origen, se descubre un incremento del porcentaje total de personas nacionales en situación de exclusión vivienda extrema, en frente de la gente con nacionalidad extranjera. El perfil nacional consigue un 57,5% en 2021, en oposición al 54,3% del año previo. A su vez, el porcentaje de personas extranjeras ha incrementado un 37,4%, estando solo en situación administrativa irregular un 12,4%.

De las veinte nacionalidades mucho más representativas en número de casos, diez corresponden a países integrantes de la Unión Europea; 2 a países de europa no correspondientes a la UE -Rusia y Reino Unido-, otras 2 a países del conjunto de naciones africano y cinco a países del conjunto de naciones americano. Estas cantidades desmontan los alegatos xenófobos que vinculan la aporofobia con la gente migrantes, ya que son la gente nacionales españolas y comunitarias registradas quienes representan el grupo mayoritario de personas en situación de exclusión residencial extrema.

Al emprender la temporalidad de la situación de exclusión residencial extrema de la gente identificadas, se aprecia un incremento de la gente que llevan mucho más de un año en situación de exclusión residencial extrema, representando una proporción del 62,9%. En este conjunto, la gente que están en esta situación durante más de tres años forman un 32,5%, lo que prueba la elevada cronificación de la situación de estas personas y la carencia de una correcta contestación por la parte de las instituciones públicas.

Cuestiones estructurales como el desempleo y la precariedad laboral, la elevada presión de los costes del mercado de alquiler y su escasa regulación, tal como los mínimos capital económicos derivados del sistema de posibilidades y pensiones sociales son varios de los fundamentos que imposibilitan el ingreso y la permanencia en casas dignas a poco a poco más personas. A esto se añade la baja oferta de alquileres sociales y casas de protección oficial.

Asimismo, un 74,2% de la gente entrevistadas aseveraban que la situación de la covid-19 había con limite su ingreso a los servicios administrativos, sociales y sanitarios, gracias a las medidas adoptadas por la administración pública en tiempos de covid, cerrando los servicios y con ingreso único telemático, complicando de nuevo el ingreso de estas personas a los servicios sociales y sanitarios gracias a la brecha digital y a la imposibilidad muy frecuentemente de entrar a gadgets móviles inteligentes, contratación de líneas telefónicas e inclusive recargar el móvil inteligente.

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