Un juez del Tribunal Supremo ha decidido impulsar el proceso judicial en contra de Pedro Manuel Sanginés, senador de Coalición Canaria y exdirigente del Cabildo de Lanzarote, tras la anulación de su anterior resolución que daba por cerrada la investigación. Este avance se produce en medio de acusaciones por presuntos delitos de falso testimonio y denuncias infundadas.

El magistrado Vicente Magro ha solicitado que, en un plazo de diez días, tanto la Fiscalía como las acusaciones particulares presenten sus solicitudes sobre la apertura de juicio oral, la posibilidad de archivo o si son necesarias diligencias adicionales. Esta medida surge después de la decisión de la Sala de lo Penal, que revocó el archivo inicial de la causa, permitiendo que el proceso continúe.

El caso que involucra a Sanginés data de 2009, cuando ocupaba el cargo de presidente del Cabildo Insular de Lanzarote y del Ente Público correspondiente. En ese año, el político se presentó ante la policía para denunciar supuestas irregularidades en contrataciones relacionadas con diversos servicios, las cuales habrían constituido delitos como prevaricación, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias.

Sanginés señaló en su denuncia a Carlos Espino Angulo, quien era jefe de gabinete del Cabildo, así como al empresario Antonio González Medina, ya fallecido. Sin embargo, según la acusación de la Fiscalía, su denuncia se habría realizado con intenciones de engañar y desvirtuar la verdad, lo que podría llevarlo a enfrentar responsabilidades penales.

La decisión inicial del magistrado de archivar el caso fue modificada en respuesta a una apelación interpuesta por la hija de González Medina, lo que llevó a la Sala de lo Penal a considerar suficiente la evidencia para reabrir las investigaciones. En este contexto, el juez opina que los elementos probatorios son suficientes para considerar a Sanginés como un posible responsable de los delitos mencionados.

Aparte de este caso, Sanginés también había enfrentado problemas legales el año pasado, cuando otro asunto sobre presuntos delitos de prevaricación y fraude fue archivado por la Sala de lo Penal del Supremo. Sin embargo, este mismo tribunal ordenó que la investigación continuara en relación con las otras personas involucradas en la supuesta contratación irregular de un abogado en el contexto de diversas entidades públicas, como Insular de Aguas de Lanzarote SA.