En un reciente debate en el Senado, la voz de las islas fue representada por Pablo Rodríguez, consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, quien reclamó la utilización del superávit de las administraciones públicas para abordar la creciente crisis de la vivienda en el archipiélago.

Durante su intervención en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, Rodríguez defendió con firmeza las acciones que su gobierno ha implementado para facilitar el acceso a la vivienda, señalando que estas son no solo urgentes, sino cruciales para el bienestar de los canarios.

El consejero mencionó la identificación de más de 2.100 millones de euros en superávit, recursos que podrían ser canalizados para construir nuevas viviendas y satisfacer la demanda habitacional en el territorio insular, que enfrenta constantes retos debido a su limitada geografía.

Rodríguez destacó que en los últimos dos años se han tomado medidas proactivas para enfrentar la creciente demanda, mencionando que su administración no ha esperado ayuda externa para actuar. Este enfoque ha sido necesario, dado que el 45% de la superficie de las islas está protegida y, por lo tanto, exige soluciones adaptadas a esta realidad.

Entre los logros destacados, el consejero se refirió al Decreto Ley 1/2024, que ha facilitado la movilización de suelo urbano y ha permitido transformar locales vacíos en viviendas. Además, se ha reforzado la colaboración entre el sector público y privado, asegurando así la durabilidad del parque de vivienda pública.

Otra medida relevante es el Decreto Ley 3/2025, que acelera la concesión de licencias urbanísticas, evidenciando un cambio significativo en la promoción de vivienda protegida: de unas cinco solicitudes en años anteriores a más de 50 en el último ejercicio, lo que ha dado pie a la construcción de más de 2.100 nuevas viviendas.

Para el año 2024, se ha previsto el inicio de 1.000 nuevas unidades habitacionales, con 900 más ya en fase de planificación para el próximo año, reflejando un compromiso real por parte del gobierno en la creación de soluciones habitacionales.

Rodríguez también anunció que se están rehabilitando edificios inacabados mediante la intervención de Visocan, lo cual permitirá sumar 134 viviendas asequibles en un plazo máximo de 18 meses, evitando así el consumo de nuevos terrenos.

Además, se planea modificar el Régimen Económico y Fiscal para que se permita la utilización de la Reserva de Inversiones de Canarias en el sector de la vivienda destinada al alquiler, un movimiento que recibió reciente respaldo en el Congreso de los Diputados.

El Gobierno canario, bajo la dirección de Rodríguez, ya ha aprobado incentivos fiscales para inquilinos y propietarios, mientras que se han desarrollado instrumentos que facilitan el acceso a vivienda para la clase media, sensibilizando sobre la necesidad de medidas efectivas.

Otras iniciativas incluyen un mayor control del alquiler vacacional y el estudio de restricciones para la compra de propiedades por parte de no residentes, garantizando así que los canarios tengan prioridad en el acceso a la vivienda.

La creación del Observatorio Canario de la Vivienda se alza como un avance significativo, situando a las islas entre las primeras comunidades que cuentan con un sistema que brinda datos transparentes sobre el mercado inmobiliario local.

Finalmente, Rodríguez subrayó la importancia de contar con el apoyo del Estado en ciertos temas para continuar con este progreso. “Nuestra meta no son solo palabras, buscamos soluciones concretas que se traduzcan en vivienda accesible para todos los canarios”, concluyó con firmeza, reafirmando su compromiso con la causa.