LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 24 Oct.

El concejal del PP de Las Palmas de Gran Canaria, Ángel Sabroso, ha solicitado este lunes la retirada urgente de las 160 cabinas de teléfono que aún quedan en las calles de la ciudad más importante por "peligrosas" y también "perjudiciales".

Según ha señalado en un aviso, la mayor parte de ellas tienen un aspecto "deplorable" y en ciertos casos con una parte de sus cables y mecanismos expuestos, lo que representa un "visible peligro".

El habitual recordó aquí que el Gobierno de España decidió excluir a las cabinas telefónicas del servicio universal de telecomunicaciones que forzaba al Estado a sostener esta prestación en todo el territorio nacional.

Así se recogió en la Ley General de Telecomunicaciones (LGT) por el Consejo de Ministros en el mes de noviembre de 2021, con lo que Telefónica se hizo cargo desde este 2022 de sacar las cabinas de teléfono que quedan en toda España, una vez que hayan dejado de ser un servicio universal obligación.

Sabroso explicó que, en la situacion de otros municipios que detectaron un inconveniente con las cabinas descuidadas en sus calles, "se alcanzó un convenio con Telefónica para detallar un plan de retirada de las cabinas en un corto espacio de tiempo", por servirnos de un ejemplo, a través de la tramitación de un permiso de obra único para todas y cada una de las cabinas, agilizando de este modo el desarrollo.

"Justo eso es lo que ofrece el PP para Las Palmas de Gran Canaria. Casi siempre y en todo momento lo que lastra una rápida y eficiente retirada de las cabinas es la burocracia administrativa. Solicitudes de permiso de retirada de cabinas que se deben efectuar de manera personalizada, con presentación de fotografías, croquis, obtención de ocupaciones de vía... Todo un periplo sin bastante sentido y totalmente ineficaz", observó.

Por eso, ha letrado por realizar un permiso genérico a la compañía de 2 o tres meses de duración con el objeto preciso y definido de la retirada de las cabinas de todo el término municipal, y "con acotación del estado en el que debe quedar el pavimento y aledaños tras su retirada, inspección posterior por la parte del Ayuntamiento y sin que medien privilegios paralelos, lo que supondría la solución mucho más eficiente".