• martes 31 de enero del 2023

Narváez protege la legalidad de su actuación en el tema del congreso de administración local

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Solicita dejar trabajar a la justicia y critica las maniobras de descrédito de CC contra su persona

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 23 Dic.

La regidora de San Bartolomé de Tirajana (Enorme Canaria), Conchi Narváez, ha defendido la legalidad de su actuación en el tema del I Congreso Administración Local y Funcionarios con Habilitación Maspalomas-Santa Lucía 2022 y ha pedido dejar trabajar a la justicia.

Así lo ha señalado este jueves en un aviso sobre la demanda interpuesta frente a la Fiscalía Anticorrupción por el representante de CC en el ayuntamiento, Alejandro Marichal, por teóricos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales público contra la primera edil y otros cargos públicos.

"Mis actuaciones como regidora se han ceñido en todo instante, de manera rigurosa, en los márgenes de la legalidad en los preceptos relativos a la contratación de servicios, en un caso así al Congreso Nacional de I Congreso Administración Local y Funcionarios con Habilitación Maspalomas-Santa Lucía 2022, como recopila nuestra Ley de Contratos del Sector Público", señaló.

De igual modo, Narváez ha destacado que está a "plena predisposición" de la Fiscalía y de cualquier otra instancia judicial para "ayudar, aclarar y dar" toda la información que se le requiera.

"No oculto el daño que esta demanda ha causado --añadió--, tanto como cargo público y en lo personal, pero de esta manera deseo expresar mi rechazo contundente a las maniobras de descrédito que ha emprendido el señor Marichal, lesionando constantemente mi imagen y mi trayectoria pública, con el único propósito de exterminar a una contrincante política, valiéndose de la descalificación persistente, vulnerando de esta manera el principio constitucional de la presunción de inocencia".

La regidora ha apuntado que es partidaria de dejar realizar y dejar trabajar a la administración judicial, "eludiendo verter la intoxicación para quebrar la imagen de cualquier contendiente y producir un rédito público a costa del empleo de las malas artes".

"Demos tiempo al mismo tiempo. Dejemos trabajar sin presión alguna a la autoridad judicial competente a fin de que dirima y resuelva este tema desde el método legal", repitió.

Por último, Narváez aseguró que "desde la plena conciencia de que mi actuación, en un caso así y en mi andadura como gerente pública, estuvo ajustada a derecho y, de esta manera, asimismo desde el aspecto ético de mis resoluciones, dentro y fuera de la administración pública, reitero mi plena seguridad en las resoluciones judiciales".

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