Las Palmas de Gran Canaria, 19 de marzo.

El Ayuntamiento de Mogán, en la encantadora isla de Gran Canaria, ha presentado oficialmente su desacuerdo ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) con respecto a las medidas cautelares solicitadas por la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT) de Las Palmas. Esta controversia gira en torno a la reciente ordenanza que regula la tasa por la prestación de servicios y actividades relacionadas con el turismo, así como los deberes de sostenibilidad asociados. Además, el consistorio ha demandado que se imponga a la patronal una fianza por las pérdidas que su falta de aplicación podría generar.

El equipo de gobierno de Mogán ha expuesto en un comunicado que no se vislumbran razones de "urgencia especial" que justifiquen una paralización de esta tasa. Aseguran que la FEHT debe realizar una tarea "muy sencilla": basta con contabilizar el número de pernoctaciones, multiplicarlo por 0,15 céntimos por día y persona, y presentar estos datos cada seis meses.

En respuesta a las quejas sobre la supuesta "desproporción" burocrática planteadas por la FEHT, que sostiene que sería inviable devolver lo recaudado si se hace efectiva su solicitud de anular la tasa, desde el consistorio se afirma que ya existen procedimientos tributarios y recaudatorios establecidos para llevar a cabo estas gestiones.

El Ayuntamiento añade que el proceso de devolver los ingresos a los establecimientos turísticos también resulta "igualmente muy sencillo", dado que son estos locales los que mantienen la relación jurídico-tributaria con la administración local.

Por último, el Ayuntamiento de Mogán ha solicitado al TSJC que, en caso de que la suspensión de la tasa se mantenga durante el desarrollo del proceso judicial, se obligue a la FEHT a presentar una fianza por el monto que dejaría de recaudar, una cifra que asciende a 1.215.590,07 euros.