Crónica Canarias.

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Migración sin precedentes en 2023: España recibe el segundo mayor flujo de llegadas (52,945) y Canarias se posiciona como el destino principal (37,187).

Migración sin precedentes en 2023: España recibe el segundo mayor flujo de llegadas (52,945) y Canarias se posiciona como el destino principal (37,187).

MADRID, 30 Dic.

El año 2023 ha sido testigo de un récord en migración, siendo el segundo con más llegadas de forma irregular a España (52.945), después del 2018, cuando se registraron 64.298. Además, ha sido el año en el que ha arribado el mayor número de personas a Canarias (37.187), superando el año 2006, conocido como la 'crisis de los cayucos' (31.678).

De acuerdo con el balance del Ministerio del Interior, hasta el 15 de diciembre de 2023, se estima en un total de 52.945 los migrantes que han llegado de manera irregular a España, lo que representa un aumento del 76,2% en comparación al mismo período de 2022, cuando llegaron 30.048.

En cuanto al orden de llegadas irregulares a España en los últimos años, el 2018 ocupa el primer lugar con 64.298; seguido por el 2023, con 52.945 (a falta de los últimos datos que el Ministerio publica cada 15 días); el 2021, con 41.945; el 2020, con 41.861; el 2019, con 32.513; el 2022, con 30.048; y el 2017, con 28.349.

En el año 2023, han llegado a España un total de 22.897 migrantes más en situación irregular, tanto por vía marítima como terrestre, que en el mismo período del año anterior.

Específicamente, por vía marítima, han ingresado de forma irregular 51.739 personas, lo que representa un aumento del 86,2% (23.947 más) en comparación a los datos de 2022, cuando fueron 27.792. Estas llegadas se realizaron a través de 1.684 embarcaciones, 78 más que en el año anterior. De estas, 14.312 llegaron a la Península y Baleares, lo cual es 2.263 más que en 2022.

En cuanto a Canarias, el archipiélago ha alcanzado una cifra récord este año (37.187), superando la crisis de los cayucos de 2006, cuando se registraron 31.678 llegadas.

De esta manera, un 140,4% más de migrantes (21.721 más) han llegado al archipiélago canario en comparación al mismo período del año anterior, cuando llegaron 15.466. Durante el año 2023, han arribado a bordo de 561 embarcaciones, en contraste con las 344 empleadas en 2022.

También ha aumentado el número de llegadas por vía marítima a Melilla, pasando de 153 entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2022 a 180 en el mismo período de 2022, un aumento del 17,6%; mientras que el número de llegadas por vía marítima a Ceuta se ha reducido a la mitad, pasando de 124 a 60.

Asimismo, ha disminuido el número de personas en situación irregular que han llegado a Ceuta y Melilla por vía terrestre este año, siendo 1.206 en comparación a las 2.256 de 2022, lo cual representa una disminución del 46,5%.

Específicamente, han llegado a Ceuta 1.045 migrantes por vía terrestre, 37 menos que en el mismo período del año anterior. En Melilla se observa una disminución aún mayor, donde han ingresado por vía terrestre 161 migrantes, un 86,3% menos (1.013 menos) que en los mismos meses de 2022.

Además, en la última semana del año, la presión migratoria se ha intensificado, ya que entre el 25 y el 29 de diciembre, casi 1.500 migrantes han llegado a las costas españolas, según el recuento realizado por Europa Press, siendo la mayoría de ellos hacia las Islas Canarias.

Después de ocho años de negociaciones, finalmente en 2023 los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo llegaron a un acuerdo sobre el Pacto de Migración y Asilo, el cual reformará la política común y ofrecerá a los gobiernos una 'solidaridad a la carta' que les permitirá evitar la acogida de ciertos migrantes si pagan una compensación por cada traslado rechazado.

Este acuerdo se alcanzó el 20 de diciembre, después de negociar intensamente hasta lograr las bases de los nueve expedientes que conforman el Pacto, abarcando todo el proceso, incluyendo el refuerzo del control fronterizo, la identificación de los migrantes y la resolución individual de cada caso en términos de otorgar asilo o decidir la deportación.

La solución consiste en un mecanismo de "solidaridad flexible" que obligará a los países miembros de la Unión Europea a responder cuando alguna nación esté desbordada por la llegada de migrantes, ya sea reubicando a parte de los migrantes en su territorio o pagando una compensación por cada migrante rechazado.

El objetivo es trasladar al menos a 30.000 migrantes cada año, aunque los países tendrán la opción de negarse a recibir a una parte de los migrantes a cambio de una compensación de 20.000 euros por cada traslado rechazado, o mediante medios o fondos equivalentes.

Este enfoque de solidaridad 'a la carta' también aplicará a los mecanismos de crisis o situaciones de fuerza mayor, en los cuales el Parlamento Europeo y países como España e Italia inicialmente defendieron la implementación de un sistema de cuotas obligatorias de acogida, el cual únicamente se activaría en situaciones extremas.

Además, se establecerá un control previo a la entrada para aquellas personas que no cumplan las condiciones de ingreso, lo cual incluirá la identificación y recopilación de datos biométricos, así como controles de salud y seguridad. Este proceso durará un máximo de siete días y las autoridades deberán tener en cuenta las necesidades específicas de los menores. Cada país contará con un "mecanismo de supervisión independiente" para garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales.

Se creará también un procedimiento armonizado para toda la UE para otorgar o retirar la protección internacional, reemplazando los marcos nacionales que fragmentan actualmente la gestión en la UE. En caso de una primera decisión, se deberán resolver los casos en un máximo de seis meses. Además, se establecerán plazos más cortos para los casos que sean claramente inadmisibles.

Por último, el marco del reglamento de Eurodac ampliará las bases de datos para incluir imágenes faciales, además de las huellas dactilares habituales. Esto se aplicará incluso a los niños mayores de 6 años. Con esta modificación, los gobiernos podrán marcar si alguien representa una amenaza para la seguridad, si es considerada violenta o si ha tenido acceso a armas ilegales.