Médicos de Canarias anuncian aumento de huelga a dos días ante falta de diálogo con Sanidad
El Sindicato de Empleados Médicos de Canarias (Semca) ha decidido ampliar a dos días consecutivos la huelga en el Servicio Canario de Salud (SCS), los próximos 27 y 28 de abril, en respuesta a la ausencia de negociación por parte de la Consejería de Sanidad, liderada por Esther Monzón, y del director del SCS, Adasat Goya. La medida busca presionar a las autoridades para que atiendan las demandas del colectivo médico, que reclama un espacio de diálogo propio y mayor autonomía en la gestión de recursos.
Este conflicto se inscribe en un contexto político marcado por las dificultades del Gobierno canario para gestionar las reivindicaciones del sector sanitario en un entorno de restricciones presupuestarias y tensiones internas en el Ejecutivo. La falta de acuerdo refleja las tensiones entre la Administración autonómica y los profesionales médicos, quienes consideran que su situación laboral y la calidad asistencial pública necesitan una atención prioritaria en la agenda política.
Desde el equipo de la consejera Monzón se ha señalado que no existen fondos específicos para atender las demandas, una postura que ha sido interpretada por el sindicato como una falta de voluntad política. La situación se enmarca en unas semanas de intensos debates sobre el gasto sanitario en Canarias, donde la administración busca equilibrar las restricciones presupuestarias con la necesidad de mantener un sistema de salud público eficiente.
Por su parte, los profesionales sanitarios mantienen que la clave está en poder gestionar recursos y decisiones de manera autónoma, sin depender de organismos externos como la Consejería de Economía o Hacienda. La demanda central pasa por crear Juntas de Personal propias y una mesa de negociación específica, que, según argumentan, no implicaría costes adicionales y sí mayor capacidad de decisión.
En la actualidad, la falta de diálogo ha provocado que la huelga se extienda y que las jornadas de paros puedan afectar a la atención de pacientes en múltiples centros públicos, con posibles cancelaciones de pruebas y consultas. La administración ha expresado su preocupación por el impacto en la ciudadanía, aunque no ha adoptado medidas concretas para abrir canales de negociación.
Este conflicto refleja una problemática más amplia en la política sanitaria de Canarias, donde las tensiones entre gestión, recursos y demandas profesionales se han intensificado en un contexto de restricciones presupuestarias y cambio de gobierno. La situación pone de relieve la importancia de un diálogo constructivo para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario en las islas.