En un acto celebrado recientemente en el Parlamento de Canarias, las organizaciones Asamblea7Islas y la Plataforma de Residencias Públicas y Dignas para Mayores y Discapacitados han entregado más de 13.000 firmas al Gobierno regional. Su objetivo: instar a las autoridades a que adopten medidas inmediatas para abordar la crítica situación de pacientes que, tras recibir el alta, permanecen en los hospitales del archipiélago.

Los portavoces de estas agrupaciones presentaron cifras alarmantes durante su intervención en la comisión de Bienestar Social del Parlamento. Actualmente, se estima que más de 500 pacientes continúan ocupando camas hospitalarias, lo que implica un coste para el sistema sanitario de aproximadamente 135 millones de euros anuales.

Ambos grupos reclaman que se priorice la creación de nuevas plazas en residencias y centros de día, incluso sugiriendo la necesidad de cambios legislativos para lograrlo. Proponen, además, la implementación del desarrollo urgente de un plan de transición hospitalaria con protocolos específicos para la derivación de pacientes hacia el cuidado en otros entornos, así como una mejora en la atención domiciliaria y la coordinación entre diferentes administraciones.

Octavio Sánchez, portavoz de Asamblea7Islas, no escatimó en palabras al describir el “coste brutal” que implica mantener a estas personas en hospitales. Señaló que esta problemática ha crecido con los años, convirtiéndose en una "situación crónica", algo que antes se calificaba de "residual". Explicó que es un verdadero despropósito que haya pacientes en Urgencias, muchos de los cuales permanecen en hospitales durante meses o incluso años sin un entorno adecuado.

El portavoz añadió su preocupación sobre el impacto emocional de esta situación tanto en los pacientes como en el personal. "Es verdaderamente triste ver a estos pacientes quejándose y sufriendo soledad. El ambiente hospitalario no es el adecuado para su cuidado”, expresó.

En su intervención, Sánchez también mencionó el incremento del sinhogarismo en el archipiélago, señalando que este problema social ha alcanzado niveles alarmantes, lo que culminó recientemente en una tragedia al morir un hombre en Urgencias por no recibir su tratamiento adecuado.

Criticó la gestión del área de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, sosteniendo que si existiera una política social efectiva, las familias tendrían el apoyo necesario para cuidar de sus seres queridos en casa. Resaltó la falta de residencias públicas y centros de día, lo que imposibilita a muchas familias recibir la atención necesaria mientras trabajan.

Sánchez insistió en que no se pueden resolver las necesidades con ayudas económicas de bajo monto o apoyos temporales, que son insuficientes para resolver la problemática de fondo.

Por su parte, María Rosa Pulido, portavoz de la Plataforma de Residencias Públicas y Dignas, criticó abiertamente la "dejadez" institucional hacia las personas dependientes, quienes muchas veces se encuentran en situaciones de desamparo. Mencionó que actualmente hay una lista de espera de dependencia que supera las 25.000 personas, con más de 2.000 fallecimientos solo este año, y 15.000 en espera de una PIA.

Pulido cuestionó la intención del Gobierno de "desinstitucionalizar" la atención a personas dependientes, argumentando que muchos hogares no están adaptados para brindar el cuidado necesario y que el servicio de teleasistencia no se encuentra debidamente activo. Denunció que, en Gran Canaria, la situación es grave, con empresas que operan de manera deficiente y varios centros de atención finalizados pero aún sin apertura debido a problemas de convenio.