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Política 8 de Abril de 2026 · 11:12h 3 min de lectura

Las comunidades del PP bloquean la sectorial de Infancia en España, excluyendo a Ceuta y Canarias

La conferencia sectorial de Infancia convocada por el Ministerio de Juventud e Infancia este miércoles no pudo celebrarse por falta de quórum. La mayoría de las comunidades gobernadas por el Partido Popular (PP), salvo Ceuta y Canarias, optaron por no asistir, dejando el encuentro sin la participación necesaria. La ministra Sira Rego calificó la situación como un boicot político.

El contexto revela un enfrentamiento político en torno a la gestión de políticas sociales relacionadas con la infancia y la migración infantil. La ausencia del PP en la sectorial responde a una estrategia de bloqueo, que ya se repite tras un incidente similar en julio del año pasado. La oposición del PP se centra en acusaciones sobre la legalidad y la finalidad del Real Decreto sobre la capacidad del sistema de protección para menores extranjeros no acompañados.

Este hecho tiene implicaciones directas en la coordinación de las políticas sociales y en la implementación de medidas de protección infantil. La cancelación afecta la transparencia y el debate conjunto que tradicionalmente se realiza en estas reuniones, dificultando la adopción de decisiones consensuadas en un tema de alta sensibilidad social.

Desde el Ministerio, se asegura que la prórroga del Real Decreto en cuestión seguirá adelante, con una actualización de cifras y su elevación al Consejo de Ministros. La reforma busca mejorar la distribución de menores migrantes no acompañados en las comunidades, incluyendo a Canarias, Ceuta y Melilla, en un marco de mayor equilibrio en el sistema de acogida.

Este episodio refleja las tensiones políticas en torno a la gestión de la migración infantil y la protección social. La postura del PP, que ha sido calificada por Rego como racista y de boicot, evidencia una fractura en el consenso político sobre estas políticas. La continuidad del proceso, pese a la suspensión de la sectorial, apunta a una voluntad del Gobierno central de mantener la normativa vigente y fortalecer la coordinación interinstitucional.

El futuro de estas políticas dependerá de la capacidad de diálogo entre las administraciones y del contexto político nacional. La tendencia a utilizar la estrategia del bloqueo en temas sociales puede complicar la implementación de medidas clave para la protección de la infancia en los próximos meses.

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