Las comunidades del PP bloquean la celebración de la conferencia sectorial de Infancia en protesta por el rechazo del Gobierno a su postura

La conferencia sectorial de Infancia, convocada por el Ministerio de Juventud e Infancia para este miércoles, no pudo celebrarse debido a la falta de quórum, después de que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, salvo Ceuta y Canarias, decidieran no asistir. A pesar de que la mayoría de las delegaciones confirmaron su participación, varias abandonaron la sesión al inicio, impidiendo la aprobación del orden del día.

Este bloqueo se enmarca en un contexto político de tensión entre el Ejecutivo central y las comunidades del PP, que han reiterado su oposición a varias políticas en materia de protección infantil y migratoria. La ministra Sira Rego calificó la hecho de «lamentable» y acusó a los partidos del PP de boicotear acciones clave para la protección de la infancia, en un momento en que el Gobierno prepara la prórroga de un decreto que regula la distribución de menores migrantes no acompañados entre comunidades.

El rechazo de las comunidades del PP, principalmente Madrid, a participar en la reunión responde a una estrategia política que busca presionar al Gobierno y cuestionar la legalidad del proceso de convocatoria. La consejera madrileña Ana Dávila alegó que la convocatoria fue «ilegal», en línea con una serie de recursos judiciales que las comunidades han presentado contra decisiones del Ejecutivo central, en un contexto en que Madrid ha llevado su disputa legal a los tribunales.

El tema central de la conferencia era la actualización del decreto que regula la capacidad de acogida de menores extranjeros no acompañados, un mecanismo que el Gobierno ha defendido como una herramienta para garantizar el equilibrio y evitar saturaciones en territorios como Canarias, Ceuta y Melilla. La ministra Rego aseguró que la prórroga de este decreto se continuará gestionando de forma independiente, pese al bloqueo político.

Este incidente refleja una tensión más amplia en el panorama político español, donde el PP ha mostrado resistencia a aceptar decisiones del Gobierno central en materia de inmigración y protección social. La situación evidencia las dificultades de coordinación entre administraciones en un contexto de crisis migratoria y de protección infantil, donde la unidad institucional resulta fundamental para garantizar derechos básicos.

Finalmente, este episodio ocurre en un contexto de creciente polarización política en España, en medio de debates sobre la gestión migratoria y la distribución de recursos sociales. La confrontación entre el Ejecutivo y las comunidades del PP revela las dificultades para implementar políticas transversales en un escenario de fragmentación política, poniendo en entredicho la capacidad de diálogo y acuerdo en temas prioritarios para la protección de la infancia.