Los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo han llegado a un acuerdo sobre el Pacto de Migración y Asilo, que reformará la política común de la Unión Europea en relación a la migración. El acuerdo busca un mayor control de las fronteras exteriores y ofrece a los gobiernos una "solidaridad a la carta" para evitar la acogida de migrantes reubicados, permitiéndoles en su lugar ofrecer compensaciones económicas por el traslado rechazado.

"¡Éxito! Después de años de estancamiento político, hemos llegado a un acuerdo", anunció Jeroen Lenaers, uno de los eurodiputados del equipo de negociación, señalando la importancia del acuerdo alcanzado tras una larga noche de negociaciones. El Pacto cubre nueve expedientes y abarca todo el proceso migratorio, incluyendo el fortalecimiento del control de fronteras y la identificación de los migrantes hasta que se resuelva su solicitud de asilo o se decida su expulsión.

Las nuevas reglas, que aún deben recibir la aprobación final del pleno de la Eurocámara y de los Veintisiete, ponen fin a años de difíciles negociaciones entre los Estados miembros para lograr un equilibrio entre la "solidaridad" con los países en primera línea, como España e Italia, y la "responsabilidad" exigida a los otros socios para evitar los movimientos secundarios.

La solución adoptada es un mecanismo de "solidaridad flexible" que obligará a los Veintisiete a responder cuando un socio se vea abrumado por la llegada de migrantes. Esto se logrará mediante la reubicación de parte de los migrantes en el territorio de otros países o mediante el pago de una compensación por cada migrante que sea rechazado. El objetivo es trasladar al menos a 30.000 migrantes cada año, pero los países tendrán la opción de negarse a recibir a parte de los acogidos a cambio de una compensación económica de 20.000 euros por cada traslado rechazado o de medios y fondos equivalentes.

Este enfoque de "solidaridad a la carta" también se aplicará en situaciones de crisis o fuerza mayor. El Parlamento Europeo y países como España e Italia inicialmente abogaron por un sistema obligatorio de cuotas de acogida, pero no lograron hacerlo realidad.

Entre los principales obstáculos que han retrasado el acuerdo se encuentran las medidas de protección para los grupos más vulnerables, incluyendo los menores no acompañados y las familias. En los procedimientos acelerados en frontera, que incluyen deportaciones rápidas para aquellos que no obtengan el estatus de asilado y provengan de países considerados seguros, se establecerán salvaguardas para garantizar su protección.