Crónica Canarias.

Crónica Canarias.

La pobreza en Canarias disminuye, pero la mitad de la población tiene dificultades económicas.

La pobreza en Canarias disminuye, pero la mitad de la población tiene dificultades económicas.

En un preocupante informe presentado en Santa Cruz de Tenerife, se dio a conocer que Canarias se ubica como la segunda comunidad autónoma, después de Andalucía, con el mayor porcentaje de personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social, alcanzando el 33,8% de la población. Esto equivale a aproximadamente 750.000 individuos, lo que supone que si Canarias fuera un país de la Unión Europea, sería considerado el más pobre de todo el continente, incluso por debajo de naciones como Rumanía o Bulgaria.

Los datos revelan que la cifra ha mejorado levemente en un 2,4% con respecto al año anterior, marcando el tercer año consecutivo de disminución de este indicador. Sin embargo, la reducción sigue siendo descrita como "lenta e insuficiente" y sigue estando muy por encima de la tasa AROPE a nivel estatal, que se sitúa en un 26,5%.

La realidad del encarecimiento de la vida se manifiesta en que casi el 65% de la población canaria, equivalente a alrededor de 1,4 millones de personas, declara tener dificultades para llegar a fin de mes, mostrando un aumento del 4,1% con respecto al año anterior.

Estos alarmantes datos situan a Canarias muy lejos de alcanzar uno de los objetivos de la Agenda 2030, que busca reducir a la mitad el número de personas en situación de pobreza y/o exclusión social. Según el informe presentado, esto implicaría que 156.000 personas deberían dejar de estar en esa situación en tan solo seis años.

El informe destaca a Canarias como una de las regiones donde más ha disminuido la tasa de riesgo de pobreza y pobreza severa, gracias a las medidas implementadas por las autoridades, que han evitado que 382.000 personas caigan en la pobreza. De no haber tomado ninguna medida, la tasa de pobreza se incrementaría en 24,9 puntos, alcanzando al 51% de la población.

En términos específicos, el 26,1% de la población en Canarias se encuentra en riesgo de pobreza, mientras que el 9,5% enfrenta la pobreza severa. A su vez, la región experimenta un aumento notable en la renta media, contribuyendo a la disminución de los niveles de desigualdad, aunque la renta real por persona sigue siendo relativamente baja.

Además, datos sobre la brecha de género revelan que la feminización de la pobreza continúa siendo un desafío estructural en Canarias, con un 35,2% de las mujeres en situación de pobreza y/o exclusión social en comparación con el 32,4% de los hombres.

La infancia también se ve afectada por esta crisis, con un 44,5% de niños, niñas y adolescentes canarios en riesgo de pobreza y/o exclusión social, indicando que aunque ha disminuido en comparación al año pasado, sigue siendo una cifra preocupante en comparación con otros grupos de edad.

En términos territoriales, se observa que la tasa de pobreza varía entre las zonas rurales y urbanas, con un 30,8% en las primeras y un 25,9% en las segundas.

En medio de este panorama, la población canaria enfrenta dificultades para llegar a fin de mes, con un 64,8% declarando complicaciones financieras. La privación material y social severa en la región es alarmante, afectando al 11% de la población, lo que representa una tasa significativamente alta.

El informe también destaca que Canarias destina un porcentaje considerable de sus ingresos a gastos de vivienda, con un 17,3% utilizado para este fin. Las familias en situación de pobreza destinan una parte aún mayor de sus ingresos a estos gastos, lo que agrava su situación económica.

La pobreza energética también es un desafío en la región, con un porcentaje elevado de la población enfrentando retrasos en el pago de facturas de suministros y dificultades para mantener sus viviendas a una temperatura adecuada.

Ante esta realidad, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) plantea propuestas para reducir las situaciones de pobreza y exclusión social, incluyendo políticas integrales, mejoras en la garantía de rentas, acceso a vivienda y servicios públicos, así como una intensificación de las políticas de protección social para lograr los objetivos de la Agenda 2030.