El contratista, de origen lanzaroteño, se realizó con 193 proyectos y en ciertos casos facturó sin realizar los trabajos

MADRID, 8 Mar.

Un informe elaborado por Asuntos Internos de la Guardia Civil declara que entre 2008 y 2019 trece entidades territoriales de este cuerpo adjudicaron proyectos a compañías administradas por Ángel Ramón Tejera de León --empresario que hace aparición en el sumario del caso 'Intermediario' como persona enlazada al general investigado Francisco Espinosa-- por un valor de mucho más de 3,3 millones de euros, y que más allá de constar como terminadas ciertas de ellas no fueron ejecutadas o fueron efectuadas relativamente, "lo que pudiese ser constitutivo de los delitos de falsedad en archivo oficial, falsedad en archivo mercantil y malversación".

Este archivo, al que tuvo ingreso Europa Press, fue remitido el 24 de enero de 2020 al Juzgado de Instrucción Número 2 de Ávila, donde se estudiaban esas presuntas irregularidades en la contratación de proyectos para cuarteles de la Guardia Civil en multitud de provincias antes que se inhibiera a favor del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid.

En él, el coronel jefe Alfonso López Malo concluye que la adjudicación a ese empresario de las proyectos de las comandancias de Ávila, Castellón, Alicante, La Coruña y Albacete fue viable merced al teniente general Pedro Vázquez Jarava --el día de hoy en la reserva ahora sin ocupar ningún cargo en la cúpula de la Guardia Civil--, que se encontraba adelante de la Subdirección General de Acompañamiento.

Apunta que esas adjudicaciones "se vieron antecedidas de la descentralización de crédito en pos de esas entidades territoriales" por la parte de esa subdirección.

A lo largo de 33 páginas, Asuntos Internos va examinando todas y cada una de las adjudicaciones --se le brindaron hasta 193 proyectos--, y apunta que en la situacion de la Comandancia de Ávila consta una declaración judicial del coronel Carlos Alonso Rodríguez donde afirma que el contrato de 49.976 euros con la compañía Angrasurcor SL por proyectos en el acuartelamiento de Navarredonda de Gredos como las diferentes actuaciones de pintura en 26 cuarteles, todo encomendado a compañías de Ángel Ramón Tejera por importe de 120.000 euros, fueron para ese contratista por el hecho de que se lo aconsejó Vázquez Jarava.

En cuanto a las proyectos de Castellón, Alicante, La Coruña, Albacete y Badajoz, Asuntos Internos apunta que la contratación de las compañías de Tejera "estuvo antecedida --salvo en Badajoz que está pendiente de cerrar-- de reasignaciones de crédito en pos de las entidades territoriales perjudicadas por la parte de la Subdirección General de Acompañamiento".

Indica que son "singularmente significativos los expedientes de gasto gestionados para rehabilitar los cuarteles de Torreblanca y Vall d'Uxió (Castellón) por importes de 59.986 euros y 58.353 euros pues fue nuestra subdirección de Vázquez Jarava quien demandó los trabajos en el momento en que desde la Comandancia de Castellón "no se solicitó esta asignación excepcional, no escogió esta clase de proyectos ni los inmuebles a rehabilitar, ni en las preferencias (...) estaba la pintura y optimización de esos acuartelamientos".

Por otro lado, Asuntos Internos pone el foco en la relación entre el empresario y el teniente general Vázquez Jarava, y enseña que en su declaración frente al juez en el mes de octubre de 2019 el empresario manifestó tener relación personal con él y otros mandos de la Guardia Civil. Subrayan que entre octubre de 2015 y enero de 2018 "se genera un aumento exponencial y supuestamente excepcional en al adjudicación de proyectos" a favor de ese contratista coincidiendo con la compromiso de Vázquez Jarava adelante de la Subdirección General de Acompañamiento.

Se da la coyuntura de que el empresario, popular con el nick de 'Mon' hace aparición en múltiples oportunidades en el sumario del caso 'Intercesor' como participante en asambleas en las que estaban los cabecillas de la trama, entre ellos el general de la Guardia Civil Francisco Espinosa y el que fuera directivo general de Ganadería del Gobierno canario Tahiset Fuentes.

El informe de Asuntos Internos recopila que todo una parte de una demanda anónima remitida a la Secretaria de Estado de Seguridad donde se narraban presuntas irregularidades en temas de contratación en la Comandancia de Ávila.

Ese escrito fue remitido a Asuntos Internos el 29 de mayo de 2018 --días antes de la petición de censura a Mariano Rajoy-- que viene de la Sección de Operaciones del Estado Mayor de la Dirección General de la Guardia Civil.

Ya en el mes de enero de 2019 se tiene dentro a las diligencias un informe de diciembre de 2018 del comandante interventor jefe de la Unidad de administración Económica para Castilla y León relativo a la administración financiera y familiar de la Comandancia de Ávila a lo largo del periodo de tiempo de 2015 a 2018.

En ese informe, señala Asuntos Internos, ahora se recogía que en ciertos expedientes de gasto se facturó por trabajos "presuntamente no ejecutados o ejecutados de forma parcial" por las compañías Angrasurcor SL, Solocorcho SL y Canarycork SL --de las que era colega y adminsitrador Tejera de León--, tal como por el trabajador Salvador Gutiérrez Espinosa --relacionado asimismo al empresario--.

Esas compañías, apunta Asuntos Internos, estaban dedicadas a la impremeabilización de cubiertas, al revestimiento de suelos y paredes, y a la urbanización y parcelación de terrenos propios y extraños.

Tras mostrar esas conclusiones, Asuntos Internos planteaba ahora en 2020 una sucesión de diligencias entre aquéllas que incluía la declaración en calidad de investigado de Pedro Vázquez Jarava por supuestos delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa y malversación.

También solicitaba que se designaran a especialistas arquitectos a fin de que comprobaran el material usado en las proyectos reseñadas, a las que sumaba la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife, y también interesaba que se elaboraran reportes sobre esto.

Por último, solicitaba la testifical de los causantes de los acuartelamientos donde debían ejecutarse los trabajos facturados, los amos de las comandancias y de esas personas cuyo testimonio pudiese ser importante .

Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press la investigación que se prosigue en el Juzgado de Instrucción Número 3 de Madrid sobre esas presuntas irregularidades transporta cuando menos ocho meses paralizada esperando de que se aporte al trámite un informe pericial.