La Guardia Civil clausura casi 600 productos sanitarios no autorizados en peluquerías de Gran Canaria.

En un operativo reciente, la Patrulla Fiscal y Fronteras de Santa María de Guía, en Gran Canaria, ha realizado una notable intervención que ha culminado en la incautación de 586 productos sanitarios que se hallaban en venta de manera ilegal en peluquerías y establecimientos de estética del norte de la isla.

Según un comunicado emitido por la Guardia Civil, esta acción forma parte de la Operación Pangea XVIII, que refuerza la lucha contra el tráfico ilegal de medicamentos y productos de salud pública, subrayando el compromiso de las autoridades en proteger la integridad de los ciudadanos frente a este tipo de delitos.

Entre los artículos confiscados, se encontraron 71 medicamentos y 515 productos cosméticos, todos ellos importados de países fuera de la Unión Europea, y carecían de las debidas certificaciones sanitarias que exigen las normativas actuales.

Particularmente alarmante fue la identificación de cremas que contenían potentes corticosteroides como el clobetasol y la betametasona, que no estaban debidamente etiquetados. Estos componentes requieren una prescripción médica para su uso, y su aplicación inadecuada puede conllevar serios problemas de salud, como alteraciones cutáneas y efectos perjudiciales en el organismo.

El descubrimiento de estos productos ilegales no solo plantea un riesgo directo para la salud de los consumidores, sino que también destaca la problemática de la falta de control sobre la comercialización de productos destinados a la salud y la estética. Entre las irregularidades halladas se incluyen la venta de medicamentos sin la necesaria autorización, la presencia de sustancias no declaradas, y un etiquetado deficiente o ausente.

El operativo se desencadenó tras recibir informes sobre la posible venta irregular de estos productos en la zona portuaria de la capital grancanaria, lo que motivó una exhaustiva investigación por parte de las fuerzas del orden.

Las indagaciones revelaron que se estaban ofreciendo productos que violaban las regulaciones establecidas por el Ministerio de Sanidad, a través de la Dirección General de Salud Pública, sobre fabricación, etiquetado y distribución, poniendo en peligro los canales seguros de comercialización.

Ante esta situación, los responsables de la intervención han elevado un informe a la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias, para que se tomen las correspondientes medidas y se garantice la seguridad de los consumidores.

Por último, las autoridades han señalado que la investigación sigue en curso, con el objetivo de determinar el origen de estos productos y establecer posibles responsabilidades legales para los implicados en esta actividad ilícita.