El Ministerio de Memoria Democrática ha expresado su desacuerdo con la posible categorización como Bien de Interés Cultural (BIC) del 'monumento a Franco', ubicado en la intersección de la Avenida de Anaga y La Rambla de Santa Cruz de Tenerife. Según el Gobierno central, que ha hecho llegar sus observaciones a la Dirección Insular de Planificación Territorial, Paisaje y Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife, no se han presentado pruebas que justifiquen una consideración de la obra de Juan de Ávalos como "excepcional y sobresaliente".

La argumentación del Ejecutivo se basa en el vacío de informes que respalden la singularidad artística del monumento. En este sentido, la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias exige que los bienes culturales propuestos para una declaración de BIC cumplan criterios de relevancia notable, una condición que, según el Ministerio, este monumento no cumple.

Además, se mencionan las opiniones de varias instituciones académicas, que coinciden en señalar que no hay elementos artísticos que justifiquen su preservación. En este contexto, la Universidad de La Laguna ha determinado que la obra tiene "escasa importancia" y que raramente se le menciona fuera del contexto del Valle de los Caídos, lo que demuestra que su contribución a la historia del arte ha sido prácticamente nula.

Por su parte, el Museo de Historia y Antropología de Tenerife también se ha manifestado con un informe desfavorable, indicando que no hay justificación artística ni arquitectónica suficiente para proteger la obra bajo la ley, lo que ha llevado a reafirmar la falta de valor documentada en la literatura académica existente.

El Colegio Oficial de Arquitectos, mientras tanto, ha optado por no emitir juicios sobre su valor artístico específico, sugiriendo en su lugar un concurso para resignificar la obra. Sin embargo, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha advertido que tal resignificación sería incompatible con la normativa vigente, argumentando que el monumento representa un elemento que desafía la memoria democrática, tal como se establece en la Ley 20/2022.

El ministerio sostiene que cualquier intento de conservar o resignificar el monumento va en contra de la ley. De hecho, la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel, aunque reconoce una "singularidad artística y estética" del monumento debido a su tamaño, también ha subrayado que esta monumentalidad no es suficiente para justificar su consideración como excepcional.

Curiosamente, la única institución que ha respaldado la declaración de la obra como BIC es la Real Academia de Extremadura de las Letras y Las Artes. Sin embargo, su apoyo no se basa en un reconocimiento de excepcionalidad artística, sino más bien en el contexto histórico-artístico que representa, destacando que el arte, en ese período, se utilizó para servir a un régimen político, lo que limita su valor positivo en la actualidad.