En la reciente comparecencia ante el Parlamento de Canarias, la Fiscal Superior del archipiélago, María Farnés Martínez, expresó su preocupación por la dificultad de establecer de manera precisa la edad de los menores migrantes que arriban a las costas canarias en un plazo de 15 días. Este escenario ha llevado a Martínez a calificar como un "error" el plazo estipulado en la reforma de la ley de extranjería.

Al entregar la memoria anual, la fiscal subrayó que, en ausencia de una determinación clara de la edad, será responsabilidad de la comunidad autónoma receptora garantizar el tratamiento de los migrantes, lo que podría resultar en la inclusión de jóvenes de edad avanzada en el grupo de menores. Martínez enfatizó que lo más adecuado hubiera sido poder clasificar correctamente a los individuos según su edad antes de su traslado.

La Fiscal Superior ilustró el problema con el caso de los jóvenes de entre 15 y 18 años que, al carecer de documentación, requieren pruebas óseas para que se pueda validar su edad. En El Hierro, por ejemplo, estos jóvenes deben ser trasladados a Tenerife para cumplir con los trámites médicos y de acogida, lo que a menudo excede el límite legal establecido de 15 días.

Martínez sugirió que el proceso ideal sería poder determinar la edad de los migrantes de manera expedita y que, tras esa evaluación, se procediera a su envío a la península. “Es fundamental que se establezca un sistema eficaz para garantizar que se trata a cada individuo de acuerdo con su edad real”, comentó.

Además, la fiscal aseguró que, en varias ocasiones, incluso los propios migrantes desconocen su edad, dado que los sistemas de registro en sus países de origen son mucho menos fiables que el español. También mencionó que algunos optan por declararse como menores con la esperanza de que esto facilite su situación, viniendo muchas veces de realidades sumamente adversas en sus países de origen en busca de una vida mejor.

En cuanto a la delincuencia, Martínez constató un crecimiento en general, aunque no de forma alarmante, especialmente por la carga adicional que implica el aumento de llegadas de migrantes. Este fenómeno ha demandado más esfuerzo en las áreas de extranjería y en investigaciones relacionadas con el tráfico de personas, aunque reafirmó que no se ha observado un incremento de criminalidad relacionado directamente con la inmigración.

Asimismo, la fiscal advirtió sobre el aumento de delitos asociados a las redes sociales, tanto en casos de acoso entre menores como hacia mujeres adultas. Martínez no se mostró sorprendida por esta tendencia, argumentando que la comunicación hoy en día, especialmente entre jóvenes y adultos, se lleva a cabo mayoritariamente a través de plataformas digitales.

En el ámbito de las infraestructuras judiciales, la fiscal destacó disparidades significativas entre Tenerife y Gran Canaria, señalando la falta de un Palacio de Justicia adecuado y la necesidad de más juzgados especializados en violencia de género. Resaltó que el actual juzgado en Santa Cruz de Tenerife también atiende a localidades como Güímar y La Laguna, lo que complica aún más la situación.

Martínez hizo hincapié en la necesidad de dotar a estos espacios de condiciones humanas mínimas, como áreas privadas donde las mujeres víctimas de agresiones, especialmente aquellas con niños, puedan sentirse seguras y tener un entorno propicio para prestar declaración de manera digna.

Finalmente, sobre cuestiones medioambientales, la Fiscal Superior indicó un descenso en el número de denuncias, cifra que atribuyó a un aumento de diligencias en el año anterior debido a un proceso de reparcelación en el sur de la isla de Tenerife.