• jueves 29 de septiembre del 2022

Elevan el 'caso Reparos' al Supremo por rastros de prevaricación del senador Fernando Clavijo (CC)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE, 16 Jun.

El Juzgado de Instrucción Número 4 de La Laguna ha alto una exposición razonada al Tribunal Supremo a fin de que valore la implicación del senador de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, en el 'caso Reparos', que perjudica a su administración como alcalde de La Laguna, por un presunto delito de prevaricación administrativa.

La resolución, en forma de parte separada y llevada a cabo pública este jueves, apunta que Clavijo levantó varios reparos de Intervención en múltiples expedientes entre 2014 y 2018 precisamente y dada su condición de senador y aforamiento, el Supremo debe elegir sobre la cuestión.

La juez Ana Serrano mantiene en su escrito que las prórrogas de los contratos eran improcedentes, a juicio del interventor municipal, al paso que se recurría a la utilización "fraudulenta" de la figura del contrato menor que no puede perdurar mucho más de un año ni ser prorrogado.

Asimismo, apunta que semeja "realmente difícil" que Clavijo, economista que se titula y con mucho más de 20 años de experiencia en la administración pública en distintas cargos, ignore "los pilares" de la contratación pública que se fundamentan en el libre ingreso a las licitaciones, propaganda, transparencia, no discriminación y también igualdad de trato.

En exactamente la misma línea comprende que es "bien difícil" que no conozca que los contratos no los puede efectuar de manera indefinida exactamente la misma compañía ni la "obligación" que tiene la administración de planear las contrataciones para asegurar los servicios a los ciudadanos.

En la resolución se recopila que había prórrogas extemporáneas y con efecto retroactivo, y asimismo autorizaciones de continuidad del servicio con principios de contratación administrativa vulnerados.

La juez atribuye a Clavijo que no ordenó que se tomaran medidas para eludir la reiteración de las prórrogas --en ciertos casos hasta ocho años-- a pesar de que fue informado por un aparato administrador, además de que causaba un "perjuicio" a las arcas municipales ya que el plan económico-financiero 2011-13 implicaba que las contrataciones que saliesen a licitación bajarían su coste entre un 15% y un 20%.

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