El TSJC ratifica la caducidad del Impacto Ambiental del Circuito del Motor de Tenerife

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha confirmado la caducidad de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto del Centro Insular del Motor en Tenerife, en una sentencia fechada el 10 de junio. La decisión, que desestima el recurso del Cabildo, pone en duda la continuidad legal y ambiental del proyecto, que lleva años sin avances sustanciales.

El proyecto, destinado a adaptar el Parque Internacional del Motor al plan de defensas contra avenidas, ha enfrentado múltiples obstáculos legales desde sus inicios. La Asociación de Amigos de la Naturaleza de Tenerife (ATAN) señala que las sentencias previas y actuales dejan claro que el proyecto no cuenta con respaldo legal ni ambiental para su ejecución. El Cabildo intentó justificar el inicio de obras con documentos que, según la justicia, evidencian un estado de abandono y un incumplimiento de los plazos de caducidad establecidos en la normativa ambiental.

El fallo judicial implica que cualquier actuación relacionada con el Circuito del Motor debe cesar de inmediato y que se debe proceder a la restauración del espacio a su estado anterior. Además, ATAN ha anunciado que solicitará la paralización cautelar del proyecto y estudiará posibles recursos legales para impedir su avance. La organización ecologista remarca que la legalidad ambiental no puede ser vulnerada y que seguir adelante sería una vulneración del Estado de Derecho.

Desde un punto de vista político, la situación refleja las tensiones entre las administraciones insulares y los órganos judiciales respecto a proyectos controvertidos vinculados a intereses económicos y de desarrollo. La gestión del Cabildo de Tenerife, liderada por Rosa Dávila, ha sido criticada por su postura ambivalente en temas ambientales y por su insistencia en la continuidad del proyecto, pese a las sentencias desfavorables. La controversia también pone en evidencia la dificultad de conciliar el desarrollo económico con la protección del medio natural en la isla.

A futuro, la decisión judicial puede marcar un precedente en la gestión de proyectos de impacto ambiental en Canarias. La resistencia del Cabildo a acatar las sentencias y su posible recurso de casación podrían prolongar los litigios, pero también reavivan el debate sobre la prioridad del cumplimiento legal frente a intereses económicos. La comunidad ambiental y jurídica mantiene la expectativa de que se respeten las decisiones judiciales y se priorice la protección del entorno natural en Tenerife.

En un contexto más amplio, este caso refleja la tensión en la política insular entre el impulso de proyectos de desarrollo y la defensa del patrimonio ambiental. La resolución del conflicto será un indicador del compromiso de las instituciones con la legalidad y la sostenibilidad en las futuras actuaciones en la isla.