El TSJC insiste en la urgente creación de oficinas de asistencia a víctimas en Canarias
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha subrayado la necesidad de poner en marcha las Oficinas de Asistencia a las Víctimas en todas las islas, tras denunciar su inexistencia en el archipiélago. La decisión responde a un incumplimiento legal que afecta a la protección de víctimas de violencia, especialmente de género.
El pasado 8 de mayo, la Sala de Gobierno del TSJC respaldó la petición de la Comisión Provincial contra la Violencia sobre la Mujer de Santa Cruz de Tenerife, que alertó sobre el grave retraso en la implementación de estos recursos. La normativa vigente, incluyendo la Ley 4/2015 y el Convenio de Estambul, establece la obligación de disponer de estas oficinas con profesionales especializados en atención integral.
La ausencia de dichas oficinas en Canarias limita la eficacia del sistema judicial y de atención social, dejando a las víctimas sin un soporte coordinado desde el primer contacto. La situación contrasta con el marco legal, que contempla estas instalaciones para garantizar una protección adecuada y multidisciplinar en casos de violencia de género.
Desde el ámbito judicial, se advierte que los obstáculos logísticos, como la insuficiencia de infraestructuras, no deben impedir la creación de estas oficinas, que podrían ubicarse en dependencias existentes. La decisión del TSJC también respalda la necesidad de ampliar recursos en la Medicina Legal y de formar específicamente al personal interino en violencia de género.
Este pronunciamiento refleja la creciente preocupación por el cumplimiento de la legislación en materia de protección a las víctimas y evidencia la tensión entre la normativa y la realidad en las Islas. La próxima reunión de la Comisión Mixta con el Gobierno de Canarias será clave para definir los pasos concretos hacia la implantación efectiva de estos servicios.
El escenario actual subraya la importancia de un compromiso institucional firme para garantizar la protección de víctimas y la efectiva aplicación de las leyes. De cara al futuro, se espera que el Gobierno de Canarias priorice la creación de estas oficinas, reforzando así la red de atención en toda la comunidad autónoma.