El TS anula el registro de alquileres en Canarias, reforzando su inseguridad jurídica

El Tribunal Supremo ha decidido anular el registro único estatal de alquileres de corta duración. Este fallo confirma las preocupaciones de Canarias sobre la inseguridad jurídica y la invasión de competencias. La sentencia avala que el reglamento europeo no obliga a implantar un registro centralizado, según la comunidad autónoma.

El Gobierno de Canarias había advertido desde hace un año sobre las dudas generadas por la normativa del Ministerio de Vivienda. La comunidad señalaba que la duplicidad administrativa y los costes asociados afectaban especialmente a pequeños propietarios y municipios rurales. La resolución del TS ratifica que la legislación española no respetaba los límites autonómicos ni la legislación europea.

Desde Canarias, las autoridades consideran que la decisión del Tribunal Supremo ayuda a restablecer el marco jurídico adecuado. La Consejera de Turismo, Jéssica de León, expresó que la sentencia refleja argumentos que Canarias defendió desde un principio. Sin embargo, lamentan el retraso en el diálogo con el Gobierno central y los perjuicios para el sector turístico local.

El sector y los cabildos insulares habían alertado sobre el riesgo de colapso administrativo y dificultades para cumplir los plazos. La imposición de altas tasas y requisitos sin coordinación previa complicaba a pequeños propietarios, muchos en zonas rurales o con menor capacidad económica. La comunidad pide ahora un marco legal que respete las competencias autonómicas.

Las recientes decisiones judiciales refuerzan la necesidad de un enfoque regulador basado en el diálogo y el respeto mutuo. Canarias ha impulsado su propia legislación y participado en reuniones técnicas, pero reclama una regulación que tenga en cuenta las particularidades del archipiélago. La comunidad busca evitar normativas que respondan a intereses ideológicos o electoralistas.

De cara al futuro, se espera que el Gobierno de España abra un proceso de diálogo constructivo con las comunidades autónomas. La sentencia del TS puede marcar un punto de inflexión para regular el alquiler vacacional con respeto a las competencias regionales y el marco europeo. La prioridad será una regulación que garantice seguridad jurídica y un equilibrio entre sector y administración pública.