El rechazo técnico al Monumento a Franco impulsa recogida de firmas en Tenerife

La ponencia de patrimonio del Gobierno de Canarias ha rechazado por unanimidad la declaración del 'Monumento a Franco' como Bien de Interés Cultural (BIC). En respuesta, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife (ARMHT) ha iniciado una campaña de recogida de firmas para exigir su retirada y traslado al Museo Histórico Militar.

Este monumento, instalado hace más de sesenta años en Tenerife, simboliza un homenaje a la dictadura franquista. La decisión técnica y legal, basada en la ausencia de valores culturales excepcionales, refuerza el marco normativo que obliga a su retirada de los espacios públicos, en línea con la Ley de Memoria Histórica y la Ley de Memoria Democrática.

La permanencia del monumento en un lugar tan visible como una de las entradas principales de Santa Cruz de Tenerife representa una vulneración clara de las leyes que buscan eliminar símbolos franquistas del espacio público. Además, mantiene un mensaje de exaltación al régimen, en contraposición con la memoria democrática y la dignidad de las víctimas.

Desde la ARMHT, se subraya la importancia de contextualizar la historia mediante la retirada del monumento y su ubicación en un espacio dedicado a la reflexión y al homenaje a las víctimas de la represión. La propuesta contempla su traslado al Cuartel de Almeida, donde podría ser estudiado sin que sirva como símbolo público.

El debate político en Canarias ha puesto sobre la mesa las tensiones entre sectores que buscan mantener los símbolos del pasado y quienes abogan por la recuperación de la memoria histórica. La iniciativa de firmas busca también presionar a las instituciones locales, que están llamadas a cumplir con la normativa vigente y a promover una narrativa democrática y respetuosa con la historia.

El caso refleja un contexto en el que las decisiones sobre símbolos del franquismo siguen siendo un símbolo de las tensiones políticas en la comunidad autónoma. La resolución de esta cuestión será un indicador del grado de compromiso institucional con la memoria y la ley en un momento en que las heridas del pasado aún no cicatrizan por completo.