• martes 31 de enero del 2023

El presidente de Canarias protege "completamente" la separación de poderes frente a la reforma del TC

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 16 Dic.

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha defendido este viernes "completamente" la separación de poderes, con relación al judicial, legislativo y ejecutivo, frente a la reforma planteada del Tribunal Constitucional (TC) y tras calificar de "vergonzoso" lo vivido en la última sesión del Congreso de los Diputados.

"Defiendo completamente la separación de poderes: judicial, legislativo y ejecutivo. Por tanto no es pensable, ni es aceptable, ni es legal que ningún político le afirme a un juez lo que debe realizar, de igual forma que tampoco cabe que sea lo opuesto. No cabe que ningún poder judicial le afirme en un caso así al Congreso de los Diputados lo que debe llevar a cabo para legislar, para cambiar una ley, para llevarla a votación, a fin de que la mayor parte decida", apuntilló en afirmaciones a los cronistas antes de formar parte en un acto público.

En este sentido, Torres ha subrayado que una ley "siempre y en todo momento" debe cumplir "precisamente" con la Constitución Española, con lo que matizó que por este motivo cualquier modificación legislativa "transporta consigo reportes jurídicos de los gobernantes pertinentes que acreditan su absoluta legalidad".

Asimismo ha amado enseñar su rechazo y "lamentar" lo ocurrido este jueves en el Congreso de los Diputados, calificándolo de "espectáculo vergonzoso de quienes no alcanzan las mayorías" y "siempre y en todo momento culpan a las mayorías lícitas de pasos adelante en la legislación y también historia" de España.

Añadió que España es un país democrático donde la "voz que predomina es la de la mayor parte de los españoles que están representados por una mayoría en el Congreso de los Diputados", más allá de que ha aceptado que "hay mecanismos jurídicos distintos y de control que acaban diciendo, una vez aprobada, si una ley debe ser cambiada por un aspecto preciso, tiene algún viso de no realizar la ley pero antes es evitar el legítimo derecho" de los prácticamente 50 millones de españoles a que los representantes lícitos en las cámaras "ejerciten su derecho a votar".

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