En Santa Cruz de Tenerife, el 24 de diciembre, se ha tomado una decisión significativa en la Mesa del Parlamento de Canarias: se ha acordado extender la comisión de investigación sobre la compra de material sanitario durante la pandemia por un periodo adicional de cuatro meses, lo que lleva la nueva fecha límite hasta el 20 de mayo de 2025. Además, se ha previsto la posibilidad de programar nuevas sesiones durante el mes de enero, un mes que generalmente no se utiliza para tales actividades legislativas.

El presidente de la comisión, Raúl Acosta, del partido AHI, compartió esta información con Europa Press, subrayando que el número considerable de comparecientes había hecho evidente que el cronograma inicial de seis meses no sería factible. Por tanto, la prórroga se activa y se establece como definitiva, permitiendo así un desarrollo más exhaustivo de la investigación.

Acosta expresó su esperanza de que, a pesar de lo inusual que es aprovechar el mes de enero para tales fines, se logre avanzar significativamente en las comparecencias. Sugirió que enero podría ser un mes productivo para que se realicen varias audiencias, permitiendo que febrero y marzo se dediquen a completar lo que reste, y reservar abril y parte de mayo para discutir el dictamen que se generará a partir de las evidencias recopiladas.

Se estima que existan hasta cuatro reuniones de la comisión en enero. La estrategia seguirá siendo la misma: citar primero a expertos de sectores técnicos y empresariales y dejar las comparecencias de figuras políticas para el final del proceso investigativo. Este enfoque busca asegurar que se obtenga la información técnica primero, antes de abordar las responsabilidades políticas implicadas.

Entre los comparecientes programados para enero se encuentra Víctor de Aldama, un empresario vinculado al conocido 'caso Koldo', quien no pudo asistir a su comparecencia anterior debido a problemas con su citación, ya que en ese momento se encontraba en prisión provisional.

Acosta describió el avance de la comisión como “bastante productivo”, señalando que la mayoría de los solicitados por los grupos políticos han comparecido, se han estado recibiendo pruebas documentales y, por lo tanto, se logrará contar con abundante información para la redacción del dictamen final. Su satisfacción con el proceso fue evidente, destacando el esfuerzo realizado hasta el momento.

El presidente de la comisión también reconoció que llevar a cabo una investigación de esta envergadura representa un desafío considerable. Argumentó que coordinar notificaciones a personas que enfrentan investigaciones judiciales, que están encarceladas o de las cuales se carece de información es un proceso complicado. La tarea formal de la comisión requiere un trabajo arduo y meticuloso de muchas personas.

Acosta admitió que esta investigación ha conllevado una mayor carga de trabajo para los grupos parlamentarios, especialmente para los más pequeños. En el contexto de la elaboración de los presupuestos autonómicos, por ejemplo, se tuvieron que reducir las sesiones para poder manejar la carga de trabajo acumulada.

Finalmente, el presidente de la comisión mencionó que se ha solicitado a cada grupo parlamentario que designe un ponente y un suplente, lo cual es crucial para iniciar el trabajo de elaboración del dictamen. Se busca establecer un esquema que permita a los partidos contribuir eficazmente con sus aportaciones al proceso de investigación.