El Gobierno destina 15 millones a Canarias para mitigar el impacto del conflicto en Oriente Medio
El Gobierno de España ha aprobado una partida superior a 15 millones de euros destinada a Canarias hasta el 30 de junio, con el objetivo de implementar medidas que alivien las consecuencias del conflicto en Oriente Medio. La asignación fue anunciada tras una reunión entre el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en el marco de un acuerdo que busca compensar los efectos del Real Decreto-ley aprobado en marzo.
Este decreto, aprobado en Consejo de Ministros, contempla 80 medidas urgentes para responder al impacto del conflicto en la región, pero también incluye acciones específicas para Canarias, como mejoras en la conectividad marítima, ayudas a transportistas y adaptaciones en el régimen fiscal del archipiélago. La reunión tuvo como finalidad definir los mecanismos de financiación y las acciones concretas para la comunidad autónoma.
El ministro Torres explicó que, aunque muchas de las medidas del decreto son de alcance nacional, Canarias requiere apoyo adicional debido a su insularidad y particularidades económicas, especialmente en sectores como el primario y el energético. La financiación busca potenciar estas áreas y responder a necesidades específicas derivadas del contexto internacional.
Un aspecto relevante abordado fue la problemática en torno a la fiscalidad insular, en particular la gestión del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC). Torres detalló que, si se reducían los tipos impositivos a cero, se generaba una discordancia con las políticas fiscales del Estado, que mantienen la recaudación del IVA. La coordinación en este ámbito es clave para garantizar la sostenibilidad fiscal del archipiélago.
El contexto político en España y Canarias en estos momentos se encuentra marcado por la necesidad de equilibrar las políticas de solidaridad territorial con la gestión de recursos limitados, en un escenario donde las decisiones sobre fiscalidad insular afectan directamente a los presupuestos y la economía local. La colaboración entre el Ejecutivo central y el autonómico refleja la prioridad de coordinar esfuerzos frente a una situación internacional de crisis humanitaria y económica.
Finalmente, este acuerdo forma parte de un esfuerzo más amplio de la administración española para gestionar los efectos de conflictos internacionales en territorios con singularidades económicas y sociales, reafirmando la importancia de la cooperación interinstitucional en tiempos de crisis global.