SANTA CRUZ DE TENERIFE, 2 Mar.

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, como responsable del control de la eficacia, efectividad y legalidad de los servicios públicos, ha acordado la iniciación de una inspección excepcional y urgente como resultado del llamado 'caso Intercesor' y que entiende todas y cada una de las actuaciones de la Dirección General de Ganadería desde el año 2019, encomendando esta función a los servicios profesionales de la Inspección General de Servicios, que es dependiente de la Dirección General de Modernización.

Así lo anunció en rueda de prensa el asesor responsable del Área y representante del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, quien asimismo informó de que dicho departamento, en su compromiso de gestora de las comunicaciones electrónicas de la red social autónoma, ha remitido al Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife, que inspecciona esta supuesta trama de corrupción, unos aguantes informáticos para entrar a comunicaciones corporativas de los ex- directivos en general de Ganadería, Juan Bernardo Fuentes Curbelo y su sobrino Taishet Fuentes.

Por otra sección, el representante ha comunicado que la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca ha respondido "en su integridad" al requerimiento realizado por el Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife, el que solicitó que le remitiera una secuencia de expedientes relacionados con 4 compañías desde el año 2016.

En este sentido, Julio Pérez señaló que la Consejería que dirige Alicia Vanoostende informó de que en esta primera averiguación no se ha constatado la presencia de un perjuicio para el erario de la red social autónoma, esto es, "no ha aparecido ninguna señal, no indiciaria, de que en algún trámite falte dinero, se haya producido una aminoración o algún daño al interés público", apuntó el representante del Ejecutivo canario.

En este sentido, el representante del Ejecutivo canario asimismo apuntó que la Inspección General de Servicios tampoco encontró "ni un daño, ni un perjuicio", lo que hizo que los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias hayan concluido que el Ejecutivo no logre personarse como afectado frente a la autoridad instructora en la causa por el 'caso Intermediario'. No obstante, Julio Pérez apuntó que el Gobierno de Canarias no desecha personarse en esta causa en relación se constate que hay un perjuicio o un daño a los intereses públicos.

Por otra sección, informó de que los servicios jurídicos contestaron a la petición del presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, a fin de que ejercitaran las acciones legales pertinentes en defensa de su prestigio y honor, al comprender que habían sido lesionados por ciertas manifestaciones vertidas en la prensa por Antonio Navarro Tacoronte, presunto intercesor de esta trama de corrupción.

Así ya que, los servicios jurídicos de la red social autónoma han preciso que esa es una actuación que atañe a la persona del presidente y no a la institución de la Presidencia. Por tanto, es el presidente el que, si lo cree, va a deber ejercer las acciones legales que considere recomendables para proteger su honor. También anunció que una consejera del Gobierno ahora se ha demandado contra Navarro Tacoronte por sus acusaciones contra ella.