En Santa Cruz de Tenerife, el Consejo de Gobierno de Canarias ha reafirmado su postura sobre el uso de la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) para fomentar la construcción de viviendas destinadas al alquiler. Esta medida busca aumentar la oferta de inmuebles en arriendo y, de esta forma, contribuir a que los precios sean más accesibles para la población isleña.

Recientemente, se ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para modificar la Ley 19/1994, que regula el Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Este trámite se encuentra actualmente en una fase de revisión, donde se están planteando enmiendas significativas y se espera una respuesta casi inmediata.

La propuesta contempla utilizar los 2.000 millones de euros que la RIC posee para la construcción de viviendas que se destinarán al alquiler habitual, lo que beneficiará a los ciudadanos que han enfrentado dificultades para acceder a una vivienda digna en las islas.

Alfonso Cabello, portavoz del Gobierno, destacó en una reciente rueda de prensa que la interacción entre el sector público y privado es "esencial" para aumentar la disponibilidad de viviendas en el mercado. Esta colaboración ya se está reflejando en un aumento sin precedentes en las solicitudes de promotores privados para desarrollar nuevas viviendas protegidas.

Desde hace año y medio, se han recibido 56 peticiones para la calificación de 2.137 viviendas como protegidas, permitiendo su construcción o rehabilitación en el archipiélago en un futuro cercano.

Cabello subrayó que el Gobierno de Canarias está tomando un enfoque total para abordar la escasez de oferta inmobiliaria. Se están estableciendo las bases necesarias para promover tanto la construcción como la rehabilitación de viviendas, así como la regulación del mercado.

Por otro lado, el año pasado se aprobó un decreto ley que agiliza los trámites para ceder terrenos destinados a la construcción de viviendas de protección pública, así como la inclusión de usos residenciales y turísticos en terrenos no desarrollados. Este marco busca facilitar el acceso a la vivienda en la región.

El Gobierno se encuentra en la fase de elaboración de un segundo decreto ley que prevé facilitar la concesión de licencias urbanísticas, uno de los principales impedimentos para la edificación de nuevas viviendas, y contará con nuevas iniciativas para incentivar la construcción.

Una de las propuestas que se implementará en 2025 es la creación de viviendas asequibles incentivadas, un concepto que ya aparece en la Ley estatal de vivienda, aunque aún carece de un desarrollo normativo claro. Canarias se posicionaría así como pionera en su ejecución.

Estas viviendas estarán destinadas exclusivamente al alquiler y contarán con incentivos urbanísticos, buscando atender no solo a las familias de menores recursos, sino también a las clases medias que tienen dificultades para acceder al mercado libre.

Cabello recordó que el panorama en 2006 era distinto y las prioridades también lo eran, haciendo referencia al auge del alquiler vacacional y mencionando que han surgido numerosos fenómenos que han impactado en los precios de la vivienda con el paso del tiempo.

Así, explicó que gran parte de los esfuerzos en torno a esos 2.000 millones estarán enfocados en la construcción de viviendas y en lograr no solo rentabilidad económica, sino también un impacto social positivo.

Aunque reconoció que la burbuja inmobiliaria estalló en 2008, enfatizó que el escenario actual es diferente. Si se logran movilizar más recursos para obras de vivienda, tanto del ámbito público como privado, y se implementan normas que simplifiquen el proceso de obtención de licencias, se podría alcanzar lo que denominó la "tormenta perfecta" para la regulación de la vivienda en Canarias.