• sábado 08 de octubre del 2022

El Estado aprueba el traspaso de competencias en costas a Canarias

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El acuerdo incluye veinta cargos laborales, siete automóviles, la sede de la Demarcación en Lanzarote y múltiples garajes

MADRID, 30 Ago.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto por el que se traspasan funcionalidades y servicios de la Administración General del Estado (AGE) a la Comunidad Autónoma de Canarias en temas de ordenación y administración del litoral.

La regla aprobada por el Gobierno de España, que llega tras el acuerdo alcanzado por la Comisión Mixta de Transferencias del 27 de julio de 2022, contempla que dicho traspaso de funcionalidades y servicios va a ser efectivo el 1 de enero de 2023, como fue acordado por las dos gestiones.

En virtud a este acuerdo se traspasan a Canarias, en el contexto de la legislación establecida por el Estado, las autorizaciones de usos de temporada en las playas y en el mar territorial (zonas de fondeo, pantalanes flotantes y usos equivalentes); autorizaciones de ocupaciones en las que concurran situaciones destacables de intensidad, peligrosidad o rentabilidad, y autorizaciones de ocupación del dominio público marítimo-terrestre con instalaciones desmontables o con recursos muebles.

También se traspasa la rivalidad en autorizaciones en zonas de servidumbre de tránsito y ingreso al mar; las concesiones demaniales a las que tiene relación el producto 64 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, dentro su administración, registro, la emisión del informe antes de su salve, y la potestad sancionadora en lo que hace referencia al incumplimiento de las condiciones de otorgamiento de las concesiones demaniales, recopila una nota del Gobierno central.

Asimismo, van a ser rivalidad de la Comunidad Autónoma de Canarias las proyectos y actuaciones en el litoral canario que no sean de interés general, y la participación en la planificación y programación de proyectos de interés general en el litoral canario, a través de la emisión de reportes y su ejecución y administración en los términos del convenio suscrito con la Administración General del Estado.

En cambio, proseguirán en el ámbito de la Administración General del Estado la función de producir informe preceptivo, en especial con relación a la garantía de la integridad física y del empleo público del dominio público marítimo-terrestre.

La Administración General del Estado se reserva además las funcionalidades de fijar el importe de los cánones de ocupación o aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre y de ejercer la titularidad sobre los derechos económicos devengados por la utilización o aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre, sin perjuicio de la rivalidad de la Comunidad Autónoma de Canarias para entablar otros impuestos.

El Estado proseguirá ejercitando, además, la función de salve de las concesiones demaniales en el momento en que la existencia de una razón de interés general enlazada a su ámbito de competencias de esta manera lo demande.

En cuanto a las funcionalidades en las que tienen que concurrir la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias, el acuerdo de traspaso prevé medidas de coordinación para el más destacable cumplimiento de las funcionalidades de las dos gestiones, especialmente en temas de utilización y administración del dominio público marítimo-terrestre adscrito para la construcción de nuevos puertos y vías de transporte de su titularidad; emisión de reportes de la Administración General del Estado sobre el cumplimiento del régimen general del dominio público marítimo-terrestre en los proyectos y reglas de ordenación territorial y el planeamiento urbanístico; inversiones en proyectos de interés general; remisión de datos y sistemas de información.

Igualmente se traspasan, como recursos cariños a las funcionalidades y servicios traspasados, siete automóviles, el edificio sede de Arrecife-Lanzarote de la Demarcación de Costas de Canarias, y el 9,31% y distintas plazas de estacionamiento del inmueble donde se posiciona la sede del Servicio Provincial de Costas en Santa Cruz de Tenerife.

Canarias asimismo se subroga en la situación que exhibe la Administración General del Estado en distintos contratos en curso de ejecución y se traspasan además de esto veinte cargos laborales ocupados y vacantes, de los que diez están adscritos a la Demarcación de Costas de Canarias, y los otros diez al Servicio Provincial de Costas de Tenerife.

Este acuerdo comporta una financiación en 2022, que corresponde al coste efectivo de forma anual, por importe de 805.368,77 euros, teniendo eficiencia desde el 1 de enero.

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