El Diputado del Común, Rafael Yanes, ha anunciado este viernes en comisión parlamentaria que la Institución empezará a elaborar a partir de la próxima semana un informe extraordinario, especial y específico sobre la situación de la discapacidad en Canarias, que prevé entregar en la sede de la Cámara en el primer semestre de 2024.

Durante su intervención en la Comisión de Discapacidad, Rafael Yanes recordó que hace cinco años separó las áreas de dependencia y discapacidad por el aumento importante de quejas, pues entre las dos superan el 26% del total de reclamaciones ciudadanas, y destacó que solo en los últimos tres años las quejas en el área de discapacidad se han duplicado.

Rafael Yanes indicó que Canarias gasta 276,71 euros por persona al año en servicios sociales, un 35% menos que la media nacional y menos de la mitad que comunidades como Extremadura. Por eso, deseó que en la elaboración de los próximos presupuestos autonómicos haya "sensibilidad" y se corrija esta situación de "desventaja" de las personas con discapacidad que viven en Canarias.

Yanes apuntó que esta falta de presupuesto y financiación hace que haya menos personal en los servicios sociales respecto a otras comunidades autónomas, lo que da lugar al incumplimiento reiterado de los plazos establecidos para la resolución del grado y la revisión del grado de discapacidad, la principal queja dentro de este área, con el 45% de las reclamaciones ciudadanas.

Así, sobre el grado de reconocimiento de grado, señaló que en noviembre de 2022 la entonces Dirección General de Discapacidad y Dependencia informó a la Institución que aún estaban resolviendo las solicitudes que se habían registrado en julio de 2019, 49 meses de los 3 establecidos legalmente; y el pasado 12 de mayo ya se estaban atendiendo las de mayo de 2021, es decir, 8 meses más que el plazo legal, "una mejora insuficiente", afirmó Rafael Yanes.

Es más, incidió en que la Diputación del Común tiene quejas puntuales sobre el reconocimiento de grado de discapacidad como una solicitud presentada el 4 de enero de 2017 que no ha sido atendida hasta ahora, y otras que datan de 2020 y 2021, algunas de ellas de niños de 0 a 3 años, y otras sobre la revisión de grado que siguen sin respuesta 54 meses más tarde de haber sido presentadas.

Sobre las tarjetas de movilidad reducida, también apeló a resolver en tiempo y forma las reclamaciones de los solicitantes, puesto que la Institución ha recibido quejas de personas con el 83% de discapacidad reconocida a la que le denegaron dicha tarjeta y 15 meses después aún está esperando una respuesta.

En materia de accesibilidad, Yanes animó a los diputados y diputadas a actualizar la Ley de Accesibilidad de Canarias, aprobada el 6 de abril de 1995.

También comentó que la Institución ha llevado a cabo diversas actuaciones al respecto con los ayuntamientos. Así, indicó que solo 25 de los 88 ayuntamientos de Canarias tienen plan de accesibilidad, siendo Gran Canaria la isla que mejor está con un 58% de los ayuntamientos. Asimismo, a solicitud de la Diputación del Común, 34 de los 88 ayuntamientos aceptaron la posibilidad de crear una concejalía específica de accesibilidad y movilidad, y la mayoría está dispuesto a adaptar los baños para personas ostomizadas en las nuevas obras o en las rehabilitaciones de edificios públicos.

Rafael Yanes se refirió, además, a dos actuaciones en las que ha actuado de oficio, una de ellas en el Instituto de Formación Profesional de Los Gladiolos por una alumna que no pudo realizar sus prácticas obligatorias porque el aula estaba en la segunda planta y no había ascensor, y otra en el Instituto Felo Monzón, donde un alumno en silla de ruedas no pudo disfrutar de los actos culturales del centro porque el teatro está en la segunda planta y tampoco cuenta con ascensor.

A su vez, reiteró la necesidad de que se implemente un carné sobre el grado de discapacidad, como sí hay en la mayoría de las comunidades autónomas, para evitar que estas personas tengan que ir con un "papel doblado en el bolsillo", así como la urgencia de desarrollar un reglamento relativo a los perros de asistencia para personas con discapacidad, pues sin la documentación acreditativa puede prohibirse la entrada a un medio de transporte, un centro de salud o un centro comercial. Igualmente apeló a aumentar el número de plazas de estacionamiento para personas con movilidad reducida, sobre todo en las grandes ciudades.

Por último, quiso recordar que la Institución ha abierto una investigación de oficio para que haya un control sobre los alumnos que necesitan gafas graduadas o lentes de contacto en los centros escolares; y otra sobre la situación de las enfermedades raras en Canarias, concluyendo la necesidad de que los hospitales tengan grandes centros de referencia para que las familias se sientan protegidas y para un adecuado tratamiento.