• martes 28 de marzo del 2023

El Defensor del Pueblo recibe mucho más de 1.500 protestas en Canarias en 2022

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MADRID/SANTA CRUZ DE TENERIFE, 13 Mar.

El Defensor del Pueblo recibió en el año 2022 un total de 1.510 protestas en las Islas Canarias de procedencia nacional, 79 menos que en 2021 (-4,9%). Así, esas 1.510 protestas representan el 4,95% del total nacional, el quinto mayor porcentaje por comunidades.

Así se desprende del Informe Anual de la institución, que el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha entregado este lunes a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet.

La mayoría de los expedientes en el Archipiélago procedían del área de 'Empleo y Seguridad Social', con 266, seguida de 'Administración de Justicia', con 184; las que están en estudio, con 131; 'Temas de Interior', con 90; 'Función y Empleo Públicos', con 87; 'Educación', con 81; y 'Migraciones', con 80; por ejemplo.

A nivel nacional, el Defensor del Pueblo recibió 31.077 protestas en 2022, 2.062 mucho más que en 2021, la mayor parte de ellas similares con la Seguridad Social y el empleo, con la Administración de Justicia, con la función y empleo públicos, con Interior, educación, migraciones, servicios públicos, asilo, la sanidad y la actividad económica.

En preciso, la institución gestionó 31.452 expedientes, 2.051 mucho más que en 2021, que brindaron rincón a 2.498 resoluciones a las distintas gestiones, de las que 739 fueron sugerencias, 1.392 recomendaciones, 365 recordatorios de deberes legales y 2 observaciones.

Además, inició 250 actuaciones de trabajo frente diferentes gestiones, y recepcionó 125 peticiones de interposición de elementos de inconstitucionalidad y de amparo frente al Tribunal Constitucional --que se corresponden a 11 leyes y decretos estatales y cinco leyes y decretos autonómicas--. Además, se atendió en lo personal a 37.210 ciudadanos, 36.152 de ellos por medio de llamadas telefónicas y 1.058 de una manera presencial.

Según Ángel Gabilondo, "los ciudadanos han insistido con sus protestas, entre otras muchas cosas, en que las gestiones no tienen que desatender la sanidad ni los servicios públicos fundamentales por ser éstos escenciales en un estado de derecho robusto, justo y solidario".

Asimismo, ha precisado que las protestas de los ciudadanos asimismo se han dirigido a "que los procesos de digitalización deben ser compatibles con la asistencia presencial para personas que, por ciertas situaciones, tienen contrariedad para entrar a la comunicación virtual u en línea".

En este sentido, Gabilondo puso de relieve que fueron "abundantes" las protestas recibidas "por la contrariedad a la que se combaten los ciudadanos en el momento de hallar cita en áreas de trabajo de la Seguridad Social y en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPES)".

"El informe que el día de hoy mostramos a la presidenta del Congreso de los Diputados y que fué registrado en las Cortes Generales, tratamos que fuera mucho más ágil, corto, accesible y que retrate con claridad las primordiales intranquilidades ciudadanas. No es una sucesión de avatares o situaciones que conciernen a los ciudadanos, sino cabría decir que ellos son en parte importante los personajes principales y articulistas del mismo, que forma una cierta radiografía de la sociedad de españa", ha subrayado.

Por procedencia geográfica, el mayor número de protestas llegaron de la Comunidad de Madrid (7.780), Andalucía (3.394), Comunidad Valenciana (3.154) y Cataluña (2.975). Se reitera la situación de 2021 en el momento en que estas 4 comunidades ocuparon, en este orden, exactamente la misma situación en el top.

El Informe de forma anual 2022 recopila, aparte de los datos estadísticos, un catálogo con los temas mucho más relevantes en los que ha intervenido la institución, y la actividad por áreas de supervisión a las gestiones públicas. El informe se cierra con apuntes en relación al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, y sobre la confía del Congreso de los Diputados a la institución, en el tercer mes del año de 2022, a fin de que creara una comisión sin dependencia que elaborara un informe sobre las demandas por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos.

Según el Defensor, en la actualidad los trabajos "avanzan, se prosiguen recogiendo testimonios y se empezó a redactar el informe" cuyo estado de la cuestión quiere enseñar en el Congreso de los Diputados "antes que concluya la legislatura".

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