En Santa Cruz de Tenerife, el 11 de diciembre, se ha vivido un importante evento político en el que los partidos integrantes del cuatripartito —Coalición Canaria (CC), Partido Popular (PP), Agrupación Socialista Gomera (ASG) y Agrupación Herreña Independiente (AHI)—, junto con el apoyo de Vox, han decidido no poner en marcha la tramitación parlamentaria de dos proposiciones de ley propuestas por el PSOE y Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC). Estas iniciativas buscaban establecer una tasa turística con un destino específico para la recaudación, que se estimaba podría aportar entre 150 y 250 millones de euros anuales al archipiélago canario.

Manuel Hernández, diputado del Grupo Socialista, ha argumentado que las condiciones actuales son favorables para implementar dicha tasa, citando que las Islas Canarias han alcanzado un "récord" en cifras de turismo, con 18 millones de visitantes este año y una facturación que supera los 22.000 millones de euros. Según él, esta medida no busca perjudicar al sector turístico, sino que podría resultar en un beneficio para la ciudadanía canaria, ya que los residentes de las islas estarían exentos de pagar la tasa.

Hernández no ha dudado en cuestionar las "excusas" presentadas por el Gobierno de Canarias y las formaciones que lo respaldan para frenar el avance de esta ley. Además, ha defendido la constitucionalidad de la propuesta, afirmando que no es "desproporcionada" que la tasa se aplique solo a turistas no residentes.

Por su parte, Raúl Acosta, portavoz del Grupo Mixto (AHI), ha expresado su apoyo a la "sostenibilidad" de las islas y ha considerado razonable la implementación de un impuesto turístico. Sin embargo, ha solicitado un análisis minucioso del impacto que esta medida podría tener en diferentes territorios, resaltando que no todas las islas pueden ser tratadas de la misma manera. Acosta ha enfatizado la necesidad de una "reflexión profunda", sugiriendo que un aumento en los costes en lugares como El Hierro podría afectar negativamente a la llegada de turistas, perjudicando a las familias dependientes de los ingresos turísticos.

Jesús Ramos, representante de ASG, ha manifestado su preocupación sobre el posible impacto de una tasa sobre el desarrollo de las 'islas verdes', argumentando que podría afectar la competitividad del sector turístico. En su opinión, sería más sensato gravar los servicios en lugar de implementar una tasa general. Asimismo, ha cuestionado cómo se podría eximir a los canarios de pagar dicha tasa, dado que en ningún otro sitio de España se ha logrado algo similar. Ramos ha señalado que alquilar una vivienda vacacional podría aumentar el coste de un viaje familiar en hasta 84 euros.

Javier Nieto, miembro de Vox, ha criticado a los socialistas por no haber promovido esta tasa en legislaturas anteriores, advirtiendo que una imposición de este tipo puede ser "muy peligrosa" para el turismo canario. Según él, esta iniciativa podría resultar una "puñalada" al frágil tejido económico del archipiélago.

En un tono más propositivo, Luis Campos, portavoz de NC-BC, ha defendido que la tasa turística es común en los principales destinos del mundo y, de hecho, ha comentado que su coste es inferior al de una cerveza en un bar de piscina. Campos ha subrayado que hay ejemplos como Cabo Verde, que también aplica una tasa turística y se encuentra a una distancia considerable de Europa. Según él, su aplicación no afectaría la llegada de turistas, cuestionando la falta de "voluntad política" del gobierno actual para implementar la medida.

Por su parte, Carlos Ester, del PP, no ha dudado en calificar la tasa turística de "barbarie impositiva", acusando a los socialistas de hacer una oposición que resulta "dañina" para la economía y el turismo en las Canarias. Ester ha mostrado su preocupación sobre la competitividad del turismo, especialmente en las 'islas verdes', donde la doble escala encarece aún más el viaje. Con un tono desafiante, ha preguntado a los socialistas: "¿Qué quieren, que nadie vaya?".

Finalmente, José Miguel Barragán, portavoz del Grupo Nacionalista, ha criticado la falta de un estudio riguroso sobre la tasa y la ausencia de diálogo con los agentes económicos y sociales, un compromiso que, según él, no se ha cumplido en la anterior legislatura. Barragán ha propuesto la necesidad de aclarar el modelo de financiación de las comunidades autónomas antes de considerar la implementación de una tasa turística.