SANTA CRUZ DE TENERIFE, diez Feb.

El Cabildo de Tenerife ha remitido a la Fiscalía un informe relativo a las irregularidades detectadas en la concesión de las 'bajas estimuladas' efectuadas en las sociedades de Casino Playa de Las Américas, Casino Taoro y Casino Santa Cruz desde el año 2012 hasta 2019, sin que se tenga perseverancia de que tenga existencia ningún acuerdo ni autorización expresa de los órganos u organismos eficientes.

En preciso, la documentación y los anejos superiores a la Fiscalía mencionan a las bajas estimuladas que, según el estudio efectuado, "podrían calificarse como despidos disciplinarios falsos y administración desleal" que conllevaron el pago de 1.579.945 euros en término de indemnizaciones.

Además, se da el en el caso de que ciertos trabajadores llegaron a cobrar "una indemnización mayor a su salario de forma anual, excediendo, por consiguiente, la indemnización por despido propósito" a través del trámite de conciliación y sin que tenga existencia no una resolución judicial que obligara a ello, recopila una nota del Cabildo.

El aparato de Gobierno señala que desde el instante en que tuvo perseverancia de este seguir informó a los órganos de administración de las sociedades de casinos de todos y cada uno de los pasos que se dieron para aclarar los hechos.

Tal y como se señala en el informe, en las cartas mandadas a todos los trabajadores damnificados, las bajas estaban calificadas como "despidos disciplinarios", lo que llevó a los trabajadores a recurrir la resolución de las sociedades, acudiendo al Servicio de Mediación Arbitraje y Conciliación (SEMAC), donde las sociedades reconocieron la improcedencia del despido y ofrecieron una indemnización a los trabajadores que en ciertos casos, sobrepasaba a la pertinente a un despido propósito.

En este sentido, el informe resalta dado que este modus operandi lo repiten múltiples decenas y decenas de trabajadores que fueron despedidos entre 2012-2019, varios de ellos con edades próximas a la jubilación que, en ningún caso, recurrieron a los juzgados para conseguir su indemnización.

El presidente del Cabildo, Pedro Martín, ten en cuenta que ahora en las últimas auditorías efectuadas de los ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018, el área de Intervención advirtió distintas irregularidades en los entes dependientes, que afectaban a la contratación de personal, a los contratos con terceros y a la administración económica y financiera.

Para contrarrestar esta situación, desde el Cabildo de Tenerife se ha impulsado a lo largo de este orden la elaboración de normas y métodos internos concretos para asegurar que en los distintos entes públicos se cumple con reglas básicas como son la Ley de Contratos Públicos (CSP), el estatuto Básico del Empleado Público y la ley general de subvenciones.