El Cabildo de Gran Canaria estima en 28,5 millones los daños por la borrasca 'Therese' y solicita ayudas estatales

El Cabildo de Gran Canaria ha presentado un informe en el que cifra en 28.532.762 euros los daños ocasionados por la borrasca 'Therese', que afectó a la isla en marzo, principalmente en infraestructuras, carreteras y instalaciones públicas. La estimación, aún provisional, será utilizada para gestionar las ayudas del Estado, tras la aprobación en Consejo de Ministros, en un contexto donde la recuperación de la isla requiere de recursos extraordinarios para abordar los daños.

En un escenario político donde la gestión de emergencias ha puesto a prueba la coordinación entre las administraciones autonómica, insular y estatal, el Gobierno canario ha insistido en la necesidad de una respuesta rápida y efectiva. La situación se enmarca en las tensiones habituales respecto a la distribución de fondos públicos para catástrofes, donde las competencias y la sensibilidad política juegan un papel crucial en la asignación de recursos.

El presidente del Cabildo, Antonio Morales, ha destacado que estos fondos permitirían actuar en obras prioritarias, como la reapertura de carreteras cortadas y la reparación de las vías insulares, además de abordar los daños en ámbitos hidráulico y medioambiental. La reclamación de ayudas llega en un momento donde la gestión del territorio y la protección frente a eventos climáticos extremos están en la agenda política insular, marcada por debates sobre resiliencia y planificación urbana.

El informe técnico desglosa las áreas afectadas y las intervenciones necesarias, con un énfasis en las obras en carreteras, infraestructuras hidráulicas y daños agrícolas. La mayor parte de los fondos solicitados corresponden a la Consejería de Obras Públicas, con una inversión prevista de más de 11 millones de euros, y a Medio Ambiente, con casi 7 millones. La distribución refleja la magnitud del impacto y la prioridad de restablecer la conectividad y los servicios esenciales.

En el contexto más amplio, la situación evidencia la vulnerabilidad de las islas ante fenómenos meteorológicos extremos, que cada vez presentan mayor intensidad debido al cambio climático. La gestión de emergencias y la inversión en infraestructuras resilientes continúan siendo cuestiones centrales en la política autonómica, en un territorio donde la economía, el turismo y la calidad de vida dependen en gran medida de la estabilidad de sus servicios básicos.