Un caso alarmante ha emergido en Las Palmas de Gran Canaria, donde un propietario de una avioneta se encuentra bajo investigación por conductas ilegales que amenazan la seguridad de nuestro espacio aéreo. Según un comunicado de la Guardia Civil, el individuo había operado su aeronave desde 2020 sin el certificado de matriculación vigente, ya que este había sido anulado.

El equipo PEGASO de la Comandancia de la Guardia Civil, en colaboración con la Sección Fiscal y de Fronteras del Aeropuerto de Gran Canaria, ha desmantelado esta peligrosa situación. La falta de un certificado válido junto a la ausencia de un mantenimiento adecuado de la aeronave despiertan serias preocupaciones sobre la operación de este tipo de vehículos en el cielo canario.

Se conoció que la conducta del propietario no solo implicaba la cancelación de la matrícula desde julio de 2020, sino que también realizaba vuelos entre el archipiélago canario, la península ibérica y el continente africano sin contar con la documentación apropiada. Este comportamiento irresponsable ha llevado a las autoridades a tomar acciones inmediatas, decretando la inmovilización de la aeronave para proteger la seguridad pública.

En un intento por evadir las graves repercusiones de sus acciones, el propietario optó por presentar documentos falsificados a los agentes, lo que solo ha complicado aún más su situación. Las sospechas comenzaron a surgir hace un par de meses, cuando se observó que la aeronave en cuestión realizaba vuelos inusuales, lo que llevó a las autoridades a examinar tanto la documentación como la aeronave físicamente.

Durante la inspección, se confirmó que la aeronave había estado realizando diversos viajes sin el debido cumplimiento de la normativa vigente. Además de la falta del certificado de aeronavegabilidad, se encontraron serias deficiencias en el mantenimiento mecánico, lo que no solo es un incumplimiento legal, sino también un peligro inminente para la aviación.

Las investigaciones arrojaron la hipótesis de que la intención del propietario era sacar la aeronave de España con el fin de venderla en un país de África. Este descubrimiento es especialmente inquietante en un contexto donde la seguridad y la legalidad deben prevalecer en la aviación civil.

A raíz de estas infracciones graves, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) fue informada y solicitó la colaboración de las autoridades locales para interceptar la aeronave. La acción culminó en la decisión de inmovilizar el vehículo aéreo de manera extraordinaria, priorizando la seguridad sobre los intereses particulares del propietario.

El desarrollo de este caso ha requerido la cooperación de múltiples organismos, incluyendo AESA, ENAIRE y el gestor del aeródromo. Juntos, verificaron con las autoridades de Mali que la documentación presentada por el propietario ni siquiera aparece en los registros oficiales de la Aviación Civil de dicho país, reforzando la sospecha de que se trataba de documentos falsos.

Como resultado de esta serie de irregularidades, se han iniciado diligencias judiciales, imputándose al propietario un delito de Falsificación de Documento Público. Los cargos han sido enviados al Juzgado de Instrucción de Guardia de Telde, mientras que la aeronave se encuentra precintada y bajo la supervisión de la AESA, asegurando que no se repetirán este tipo de infracciones peligrosas en el futuro.