• jueves 29 de septiembre del 2022

Domínguez (SCS) niega vínculos con la compañía del 'caso máscaras' y acredita la "legalidad" de la operación

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Trujillo recalca que la prioridad es recobrar el dinero y avanza que la Agencia Tributaria ahora trabaja en la investigación familiar

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 20 Jul.

El directivo del Servicio Canario de Salud (SCS), Conrado Domínguez, ha negado este miércoles que tenga algún "vínculo de amistad" con la compañía implicada en el 'caso máscaras' --RR7 United-- ni con el cien% de todos los 365 contratos de urgencia firmados a lo largo de la pandemia.

En una comparecencia conjunta en comisión parlamentaria al lado del asesor de Sanidad, Blas Trujillo, ha defendido la "legalidad" del SCS en la operación y negado asimismo que se le haya demandado renunciar por la parte del Gobierno de Canarias.

Ha justificado el contrato con el instante de tensión mundial que había en el mercado sanitario y si bien en este momento, con la "experiencia" de la pandemia igual se hubiese adoptado otra resolución, ha apuntado que volvería a ayudar con el comité de urgencia. "Volvería a decir que sí, merece la pena el trabajo que se hizo", ha añadido.

Domínguez, demandado por la Fiscalía Anticorrupción por rastros de prevaricación y tráfico de influencias --al empresario Rayco González por estafa agravada y blanqueo de capitales--, se ha amparado en la modificación de la normativa de contratos públicos, vía real decreto ley, que dejaba, entre otras muchas cosas, el abono de pagos de antemano o que las compañías suministradoras de material no tuviesen ese objeto popular.

Además ha señalado que el Tribunal Supremo ha reconocido la "excepcionalidad" de esos contratos y que el Tribunal de Cuentas asimismo acepta la "urgencia" de los abastecimientos.

Ha dicho que las máscaras contratadas -si bien jamás se llegaron a recibir-- estaban avaladas por los departamentos de Medicina Preventiva y Medicina Legal y también insistido en que siempre y en todo momento se procuró el "interés general", aun en el momento en que se trató de renegociar con la compañía ya que hacía falta material y había olas "gravísimas" de Covid-19.

Domínguez puesto como un ejemplo de la situación del mercado que prácticamente la mitad de las compañías que suscribieron contratos con el SCS no se dedicaban a material sanitario e inclusive, la que vendió el robot para llevar a cabo las pruebas PCR se encontraba enlazada a la rama de electricidad.

Ha señalado en que es el primordial "entusiasmado" en que "se aclare todo" y asegurado a los miembros del congreso de los diputados que si hubiesen popular a alguien en predisposición de asistir con material en el tercer mes del año, abril y mayo de 2020, "lo hubiesen puesto predisposición del SCS".

Trujillo, por su lado, ha insistido en la situación "anormal" que se vivía por esos meses hasta el punto de que se dejó llevar a cabo contratos cambiando la normativa para intentar "proteger la salud" de la gente.

Ha tildado de "ruin" que desde CC-PNC se empleen las renuncias de Alberto Pazos adelante del SCS y de la directiva general de Recursos Económicos de Sanidad, Ana María Pérez, en el momento en que se debieron a fundamentos personales, y de la misma Domínguez, ha comentado que se podían realizar pagos de antemano.

El asesor ha incidido en que van a "proseguir cooperando con la justicia" y se personarán en la causa judicial en el momento en que se abra para "intentar recobrar el dinero", paralelamente con el trabajo que se hace desde la Agencia Tributaria, que ha iniciado trabajos de investigación familiar.

"No pararemos, la víctima no es el Gobierno de Canarias, somos todos y cada uno de los ciudadanos de Canarias", ha comentado.

La representante del Grupo Mixto, Vidina Espino, ha reconocido que el mercado en todo el mundo en el mes de mayo de 2020 "era una genuina jungla" y en este momento, a raíz, de la demanda de Anticorrupción, se mostró partidaria de dejar accionar a la justicia.

No obstante dijo que "llama la atención" que la compañía suministradora de máscaras no tuviese solvencia económica y se adelantase tanto dinero y se pregunta por qué razón el Gobierno no asistió a la vía penal antes que la administrativa.

Jesús Ramos (ASG) ha valorado la "transparencia" del Gobierno por comparecer frente a la Cámara y ha coincidido con el Ejecutivo en rememorar los "instantes bien difíciles" del mercado en el momento en que arrancó la pandemia por carecer de material sanitario.

Ha cuestionado los "asaltos" políticos y mediáticos al Gobierno para desgastarlo sin tener en consideración la presunción de inocencia y ha remarcado que ni Domínguez ni Trujillo estaban adelante del departamento de Sanidad en el momento en que se efectuó la adquisición.

María del Río (Sí Podemos) mostró su deseo de que "se investigue y se depuren responsabilidades hasta el desenlace" y que se recobren los 4 millones de euros por el hecho de que hubo "sinvergüenzas" que se han lucrado. "No lo tenemos la posibilidad de aceptar", ha señalado.

También se ha preguntado por qué razón se paga un abono de otros un par de millones si no se había recibido el material y por qué razón no se asistió a la justicia antes con lo que ha abierto la puerta a cuestionar la "mala administración" del departamento y que haya "responsabilidades políticas".

Esther González (NC) ha incidido en que en el mes de mayo de 2020 había un "colapso" sanitario y una "pelea encarnizada" por conseguir el material y ha cargado contra el "juicio paralelo" a altos cargos del Gobierno y sin tomar en consideración la presunción de inocencia.

Sobre el pago de antemano, indicó que era "con perfección legal" en ese instante particular que se había cambiado la normativa, lo mismo que subscribir contratos con compañías sin solvencia técnica o económica o que no se dedicasen al negocio sanitario.

Ha apuntado que la verdad es que hubo "una estafa" y sobre el estafador debe caer "todo el peso de la ley".

Miguel Ángel Ponce (PP) dijo que es "sonrojante" ver la situación de Sí Podemos en el momento en que hicieron una "carnicería" en Madrid con un caso que fué archivado y no comprende por qué razón se suscribe un contrato con una compañía sin solvencia y que no se dedicaba al material sanitario.

Ha lamentado el "orificio" de 4 millones y el abono de 1,3 millones en comisiones y que se contratara "a dedo" a una compañía de turismos, poniendo encima de la mesa si esa resolución le costó al puesto a Teresa Cruz como consejera.

En su opinión, fué una administración "imprudente y alocada" por la parte del SCS y la Consejería y se ha preguntado si Domínguez formalizó el contrato siendo el dueño de la compañía un "contacto ajustado" de un amigo.

José Alberto Díaz-Estébanez (CC-PNC) ha criticado la carencia de noticias de Domínguez y Trujillo en sus alegatos en el momento en que se "birlaron" 4 millones de euros "y en lugar de nada" puesto que las máscaras no se han recibido.

Ha comentado que "alguien tomó la resolución" de contratar a esa compañía y lamentado que el Gobierno tardara seis meses en llevar a cabo la primera reclamación en el momento en que el suministro era "urgente", lo mismo que por qué razón no se asistió a la justicia en el momento en que habían "constatado" el dinero perdido.

Ha insistido asimismo en que en un caso así "no hay irregularidades sino más bien delitos" y ha advertido del peligro de compromiso familiar.

El diputado ha apuntado que a Domínguez se le puso "cara de Conrado Mustafá Domínguez" por el hecho de que es la "cabeza de turco" para cerrar la crisis y señalado que el representante del Gobierno, Julio Pérez, y el viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, asimismo son causantes por el hecho de que dirigían la consejería en esos instantes, lo mismo que el presidente Ángel Víctor Torres que encabezaba el comité de urgencia sanitaria.

Marcos Hernández (PSOE) ha criticado la "falta de compromiso" de Díaz-Estébanez al intentar involucrar a varios altos cargos del Gobierno --"solo ha faltado Pedro Sánchez y Bildu", ha ironizado--, resaltando que no se logre investigar el 'caso máscaras' ajeno del contexto sanitario mundial.

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