LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 29 Sep.

El directivo del Servicio Canario de la Salud (SCS), Conrado Domínguez, ha proclamado este jueves frente al juez del Juzgado de Instrucción Nº7 de Las Palmas de Gran Canaria por el llamado 'caso máscaras', que inspecciona la adquisición de un millón de tapabocas por 4 millones de euros a lo largo de la pandemia del Covid-19, que jamás se entregaron al Gobierno regional, apuntando que aquí el "engañado" es el Ejecutivo canario.

Domínguez que no ha amado prestar afirmaciones a los cronistas a su entrada a los juzgados, sí que ha asegurado al salir que respondió todas y cada una de las cuestiones de todas y cada una de las partes para procurar aclarar que el SCS como él mismo han actuado bajo la legislación vigente en ese instante.

"He contestado a las cuestiones de todas y cada una de las partes y he intentado aclarar que el SCS y yo particularmente siempre y en todo momento he actuado bajo la legislación vigente. He intentado aclarar asimismo ciertas cuestiones que tienen relación con las máscaras que se adquirieron y su herramienta", puntualizó para añadir que el interés del SCS "fue, es y proseguirá siendo recobrar para las arcas públicas esos 4 millones de euros".

En este sentido, ha subrayado que el Gobierno de Canarias "es el engañado aquí y debe recobrar esos elementos" para lo que la Agencia Tributaria Canaria "trabaja con sus medios" para lograr recobrar los 4 millones de euros.

Además de Domínguez este jueves va a deber comparecer frente al magistrado el gestor único de la compañía RR7 United SL, Rayco González, a quien presuntamente se le entregó el dinero de antemano a fin de que adquiriese las máscaras.

En este sentido, el mes pasado de julio, el Juzgado aceptó a trámite una demanda de la Fiscalía Anticorrupción contra el directivo del SCS, la directiva general de Recursos Económicos del SCS --que declaró el pasado martes-- y el gestor de RR7 United por los supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, estafa y blanqueo de capitales.

Por su parte, el Gobierno de Canarias, que aun se ha presentado en la situacion, señaló en su instante que no cejará en su empeño para recobrar los 4 millones abonados a la compañía y que continúa atento a la evolución judicial del 'Caso máscaras'.