Disminuyen en un 0,5% las denuncias por violencia de género en Canarias en 2025

Durante 2025, las denuncias por violencia de género en los órganos judiciales de Canarias alcanzaron las 11.451, lo que representa una reducción del 0,5% respecto al año anterior, cuando se registraron 11.503. Este ligero descenso se produce en un contexto de persistente preocupación social y política por la protección de las víctimas, en un archipiélago donde la tasa de mujeres víctimas por cada 10.000 habitantes se sitúa en 90,3, por encima de la media nacional.

El escenario político en las Islas continúa marcado por debates sobre la efectividad de las políticas públicas y la inversión en recursos para la lucha contra la violencia de género. La Administración autonómica, en coordinación con los órganos judiciales y las organizaciones sociales, mantiene su compromiso de reforzar las medidas de protección y atención, aunque las cifras evidencian que la problemática sigue siendo un reto importante en términos de prevención y respuesta.

En 2025, el número de mujeres víctimas de violencia en Canarias se redujo en un 4,3%, situándose en 10.326, aunque se registraron cuatro homicidios presuntos, en Gran Canaria y Tenerife, en línea con las cifras de años anteriores. La tasa de mujeres víctimas por cada 10.000 habitantes en la región sigue siendo una de las más altas del Estado, con un porcentaje que duplica la media nacional, evidenciando la necesidad de políticas más efectivas y coordinadas.

El análisis estadístico señala además que la gran mayoría de denuncias proceden directamente de las víctimas, con un 71,61% de casos denunciados por ellas mismas, mientras que solo un 1,96% proviene de sus familiares. La impunidad en algunos casos y la dificultad para romper el círculo de violencia siguen siendo obstáculos en la lucha contra esta problemática. Los jueces dictaron en 2025 un porcentaje elevado de sentencias condenatorias, del 95,2%, en un intento por fortalecer la respuesta judicial.

Desde el punto de vista político, las distintas administraciones autonómicas y locales enfrentan presiones por la implementación de políticas preventivas y de protección, en un contexto donde la violencia machista continúa siendo un tema prioritario en la agenda pública. La financiación y la coordinación entre organismos son aspectos que se discuten en el marco de las reformas que buscan reducir la incidencia y mejorar la atención a las víctimas.

En un escenario más amplio, la persistencia de tasas elevadas en comparación con otras comunidades refleja las desigualdades sociales y culturales que subyacen en la problema, además de la necesidad de un enfoque integral que incluya educación, sensibilización y recursos adecuados. La lucha contra la violencia de género en Canarias sigue siendo un desafío que requiere la colaboración de toda la sociedad.