Yanes cuestiona el "abuso inaceptable" de la cita anterior en la administración pública y pide que no sea obligatoria
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 13 Feb.
La Diputación del Común prepara un informe increíble sobre la situación del ingreso a la vivienda en Canarias tras registrar un incremento del 64% en el número de protestas en 2022 ya que no se está garantizando el derecho a una casa digna.
Así lo ha adelantado este lunes en rueda de prensa el Diputado del Común, Rafael Yanes, tras dar el informe de forma anual del año pasado al presidente de la Cámara, Gustavo Matos, incidiendo en la enorme "preocupación" que exhibe la sociedad del archipiélago.
Yanes ha señalado que Canarias precisa un parque público de casas "bastante" para llevar a cabo en frente de la demanda ya que solamente tiene unas 16.200 casas para alquiler y harían falta, cuando menos, otras 17.000.
Ha recordado que a lo largo de la década de los años 90, la red social autónoma vendió unas 20.000 en alquiler a sus inquilinos por causas de interés popular y se "olvidó de crear" otras 20.000 casas con lo que ve preciso acometer una exclusiva 'ola' de construcción de vivienda pública y que la legislación no permita su venta a manos privadas.
Sobre la restricción de compra de vivienda a los no habitantes piensa que la iniciativa tiene "bien difícil encaje legal" por el hecho de que en la UE "el ingreso a la propiedad está garantizado", tanto para un alemán que desee obtener en Canarias para un canario que desee llevar a cabo lo mismo en Alemania.
En su opinión, lo que deben realizar las gestiones es "asistir" a que los ciudadanos logren obtener o rentar una casa.
En cuanto a poner un encuentre al precio del alquiler ha señalado que es un "enfrentamiento partidario" entre las diferentes formaciones políticas en el que no le compete "ingresar".
Yanes ha cargado asimismo contra el "abuso inaceptable" de las gestiones públicas con la utilización de la cita anterior, que siendo "aconsejable" por el hecho de que da un trato "preferente" al ciudadano, no puede ser obligación. "Es inadmisible", ha añadido.
Ha comentado que la atención telefónica no está garantizada pues frecuentemente "no se coge el teléfono o atiende una máquina que confunde" a la gente y en lo que se refiere a la telemática, existen muchas zonas de las islas aún sin conexión a internet y unas 66.000 personas que viven solas y no tienen entendimientos tecnológicos.
Yanes fué en especial crítico con las áreas de trabajo de la Seguridad Social donde el vigilante de seguridad "impide ingresar" a los ciudadanos si bien haya gobernantes libres, lo que crea una enorme "indefensión".
"No es admisible", ha apuntado, de tal forma que se lo ha comunicado al Defensor del Pueblo, quien ahora mantuvo contactos con el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, para buscar una solución.
En total, la Diputación del Común recibió el año pasado 2.925 protestas --un 20% menos-- que sumadas a las que han quedado vivas el año previo suman algo mucho más de 4.000, lo que para Yanes asegura que se volvió "a la normalidad" tras la pandemia.
La institución amontona un incremento del 63% de las protestas en los últimos cinco años y en 2022 se creó un capítulo particular para afectados por la erupción volcánica de La Palma que gestionó un total de 86.
La dependencia todavía es el área que tiene mucho más protestas, más allá de que descendieron un 36%, al tiempo que las similares con las tecnologías de la comunicación y la información fueron las que mucho más descendieron tras cerrarse un grupo de necesidades de vecinos de un vecindario de Gran Canaria por los inconvenientes con la conectividad a internet.
Yanes ha destacado asimismo que el 67% de los expedientes cerrados se resolvieron a favor de los ciudadanos, hubo 75 recordatorios de cumplimiento de obligaciones legales a las gestiones públicas y 149 observaciones de obstruccionismo.
