Yanes regresa a soliciar que la cita anterior no sea obligatoria y avanza que el informe increíble de Vivienda se retrasará hasta 2024
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 6 Mar.
El Diputado del Común, Rafael Yanes, ha instado este lunes a las instituciones a "remover" el trabajo a distancia si se descubre que baja la eficacia de los trabajadores en comparación con el trabajo presencial.
En la presentación del informe de forma anual frente a la comisión parlamentaria de Gobernación, Desarrollo Autonómico, Justicia y Seguridad ha reconocido que el trabajo a distancia "es una modalidad que tiene provecho ambientales y familiares" pero al tiempo "existe la sensación de que daña la calidad de los servicios".
Yanes indicó que "el trabajo a distancia no puede transformarse en un derecho laboral que daña la calidad de los servicios" por el hecho de que "distancia a la ciudadanía" de la administración pública y comprende que "este enfrentamiento hay que abrirlo" con participación de nuestra administración, los sindicatos y nuestra ciudadanía.
En ese sentido ha comentado que es imposible aceptar que no se de el servicio a la ciudadano por el hecho de que el trabajador que lo debe prestar esté ese día en modalidad de trabajo a distancia y para esto, ha pedido a las gestiones que mediante la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) fije precisamente qué puestos son susceptibles de entrar al trabajo a distancia.
El Diputado del Común ha reconocido que es una "secuela" de la pandemia, exactamente la misma la cita anterior, que a su parecer, "no puede ser obligatoria" por el hecho de que los mecanismos que se precisan "no están asegurados para toda la población".
En su opinión, "es aconsejable pero no obligatoria por el hecho de que margina a un ámbito de la población".
Yanes ha aprovechado su comparecencia para proteger el trabajo "serio, franco y también sin dependencia" de la institución durante la Legislatura, y que cerró el año pasado con 2.925 protestas, lo que piensa un aumento del 63% en 5 años, más allá de que inferior por año previo que tuvo cifra "excepcional" de 3.671.
Ha dicho que están "equilibradamente satisfechos" de su trabajo, con un 67% de resoluciones convenientes a la ciudadanía y "poquísimo satisfechos" por el nivel de contestación de las gestiones públicas que "infringen de manera sistemática" la contestación legal de 15 días más allá de que no hizo falta firmar afirmaciones de obstrucción.
Ha advertido asimismo de que "varios alcaldes se quejan de que no tienen habilitados nacionales" para contestar temas de determinada dificultad jurídica ya que de 233 plazas solo está cubierto el 28% en las corporaciones locales.
En esa línea ha apuntado que existen muchos municipios que no tienen secretario por eso la Fecam haya pedido la convocatoria de una lista de reserva y hacer más ágil los nombramientos.
No obstante, piensa que "lo conveniente" es cambiar la ley de bases de régimen local a fin de que la red social autónoma convoque plazas para su territorio, algo que "no es nada nuevo" en tanto que lo ejerce el País Vasco y en la isla hay "causas suficientes y mucho más firmes".
Yanes ha apuntado, además de esto, que por vez primera hace aparición el confort animal entre las primeras solicitudes de los ciudadanos, lo que refleja una "modificación" de la incomodidad ciudadana mientras que ha destacado de nuevo la intención de la Diputación de realizar un informe increíble sobre la situación de la vivienda en las islas.
Ha correcto que la iniciativa fué "bien acogida" por la administración ya que todos y cada uno de los cabildos ahora contestaron, de la misma media parta de los municipios.
El propósito es que el informe esté acabado a fin de año o en 2024 ya que hablamos de realizar una investigación "concienzudo" que deje conseguir proposiciones que "sean útiles".
La Diputación del Común ha avalado el Plan de Vivienda 2020/2025 y pide que "se cumplan los plazos", destacando que asimismo hay que prosperar la inspección para "remover prácticas fraudulentas" como "ventas secretas, ocupaciones ilegales o subarriendos".
En cuanto a la discapacidad ha lamentado los retrasos en la opinión y revisiones de nivel, ya que los tres meses legales "se convirtieron en 39 meses" y sobre dependencia, ha remarcado que caen un 36% las protestas si bien todavía es el área "que mucho más tiene".
Yanes ha reconocido que la administración ha mejorado pero no ha obviado que prosigue "a la cola" en multitud de factores --si bien en el ingreso a posibilidades económicas el archipiélago ocupa el séptimo puesto--.
Ha solicitado asimismo que se apruebe el proyecto estatal de la persona cuidadora, del que "se mencionó bastante y se hizo poco", y hacer en el Parlamento una comisión de estudio sobre personas cuidadoras, así como se acordó en el congreso de Acufade de 2022.
Asimismo ha comentado que la optimización en listas de espera sanitarias es "deficiente" pues son "descubiertamente mejorables" y en lo que se refiere al tercer campo ha alertado de que hay que asegurar su seguridad económica por el hecho de que "sin tercer campo no hay estado del confort".
Por ello propuso predecir las convocatorias del 0,7% del IRPF a fin de que el dinero "llegue antes" de comenzar los proyectos y estudiar asimismo la oportunidad de acometer ideas plurianuales y que se respete el convenio colectivo del ámbito.
Acerca de los menores ha lamentado que prosigue sin realizarse el segundo plan de niñez y adolescencia ni se reforma la ley de atención integral a menores y en crueldad de género ha comentado que "mucho más de la mitad de las protestas" hay que al desempeño de las gestiones, con retrasos de reportes periciales de los que se quejan los propios operadores judiciales.
Yanes ha alertado asimismo de que en Canarias hay 761 pequeñas de entre cero y 14 años que están bajo riesgo de mutilación femenina "y no hay protocolo propio de prevención", lo mismo que sucede con las víctimas de trata.
