Detenido en Tenerife un médico por presuntas agresiones sexuales a pacientes jóvenes

La Policía Nacional arrestó en Los Realejos a un médico de Atención Primaria bajo sospecha de múltiples delitos de agresión sexual. La investigación comenzó tras denuncias de pacientes que acudieron por temas anticonceptivos. Los testimonios indican que el facultativo se aprovechaba de su supuesta pertenencia a la Unidad de Educación Sexual para realizar tocamientos no consentidos. Además, realizaba citologías en su consulta sin la presencia de personal sanitario, sin entregar informes escritos. Hasta ahora, se han identificado a cuatro víctimas, todas menores de edad, entre los 17 y 19 años, aunque la investigación sigue abierta.

Este hecho se enmarca en un contexto de preocupaciones sobre la protección de pacientes en el sistema sanitario público y la supervisión de profesionales. La situación genera dudas sobre los protocolos en centros de salud y la necesidad de fortalecer los controles internos. La Fiscalía y las autoridades sanitarias ya han tomado medidas para reforzar la vigilancia en los centros de atención primaria. La investigación continúa, y no se descartan nuevas víctimas.

Desde el ámbito político, el caso ha reavivado el debate sobre las condiciones laborales y la fiscalización del personal sanitario. La gestión del sistema público de salud en Canarias, con recortes y reorganizaciones, ha sido objeto de crítica en los últimos años. La oposición exige mayor transparencia y control en la protección de pacientes, especialmente en casos de vulnerabilidad como el de las víctimas.

Este evento pone de relieve la importancia de mantener la confianza en los servicios sanitarios públicos. La respuesta institucional deberá centrarse en reforzar los protocolos de seguridad, formación y supervisión para evitar que hechos similares se repitan. La atención a víctimas y la prevención de abusos son prioridades en la agenda sanitaria y política de la región.

El caso también invita a reflexionar sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de denuncia y protección en el ámbito sanitario, garantizando mayor transparencia y confianza en el sistema público. La vigilancia y control deben mantenerse como prioridades para prevenir cualquier forma de abuso y proteger la integridad de los pacientes.